La reciente DANA que azotó a la provincia de Valencia reavivó el debate sobre dos proyectos esenciales que buscaban desviar los cauces de los barrancos de la Saleta y del Poyo. Estos proyectos, necesarios para mitigar el riesgo de inundación en zonas gravemente afectadas como Aldaia, Paiporta o Massanassa, quedaron detenidos en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ministerio de Transición Ecológica debido a problemas financieros y a conflictos medioambientales.
Proyectos que redirigirían cauces para evitar desastres
Las autoridades identificaron hace años dos proyectos clave para prevenir desbordamientos: el acondicionamiento del barranco de la Saleta en Aldaia y la conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Túria, el cual evitó inundaciones en Valencia durante la reciente DANA. La falta de acción en estos proyectos afectó directamente a comunidades como Torrent, Catarroja, Alfafar, Benetússer y Paiporta, epicentro de las devastadoras lluvias.
Historia de la inacción: desde 2008 hasta hoy
Desde su inclusión en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, los proyectos experimentaron demoras causadas por problemas financieros de la crisis de 2008 y la falta de consenso. A pesar de este retraso, las zonas industriales y urbanas crecieron en las áreas afectadas, aumentando el riesgo de sufrir daños graves en caso de lluvias intensas. Expertos señalan que la responsabilidad no solo recae en la Administración, sino también en la falta de conciencia sobre el riesgo en la sociedad.
Conflictos medioambientales y el dilema de las inversiones
Grupos ecologistas se opusieron a estos proyectos, argumentando que es mejor dejar que los ríos sigan su curso natural. Además, las autoridades priorizaron otros proyectos visibles, como el transporte público, frente a infraestructuras contra inundaciones. Este tipo de obras se perciben como un gasto difícil de justificar en ríos que habitualmente permanecen secos.
El debate persiste: ¿debe actuarse para proteger a las zonas urbanizadas, aunque implique modificar el entorno natural? Para expertos como Federico Bonet, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, la respuesta es clara: la seguridad de las comunidades debería prevalecer.
