El Gobierno de coalición vuelve a estar en el ojo del huracán. Apenas días después de cerrar la pugna por la reducción de la jornada laboral, PSOE y Sumar chocan nuevamente. En esta ocasión, el debate gira en torno a la posibilidad de que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) comiencen a tributar por el IRPF, según la propuesta adelantada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Esta iniciativa, que aún está en estudio, ha sido rechazada de forma categórica por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, quien ha defendido que «los que deben ajustarse el cinturón son los de arriba, no los de abajo».
Hacienda plantea gravar el SMI
La propuesta de Montero, que eleva el salario mínimo a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, implica un cambio de postura respecto al criterio del Gobierno en los últimos años, cuando se optó por eximir a estos trabajadores del IRPF. Según Hacienda, esta medida busca garantizar una recaudación «suficiente» para sostener las políticas públicas.
Aunque Montero ha defendido la medida como una «contribución justa», el planteamiento ha despertado críticas por parte de Yolanda Díaz, quien considera que esta decisión penalizaría a los más vulnerables. Además, ha acusado a Hacienda de «demonizar el pago de impuestos» y de abrir un debate innecesario.
Yolanda Díaz defiende a los perceptores del salario mínimo
Desde Sumar, Yolanda Díaz ha insistido en que su posición no ha cambiado: «Siempre hemos eximido de tributación a las rentas que se ajustan al salario mínimo», recordó, subrayando que gravar a estos trabajadores sería injusto. La vicepresidenta segunda aboga por concentrar los esfuerzos fiscales en los grandes ingresos y no en los sectores más débiles.
Fuentes cercanas a Díaz apuntan a que esta medida responde a la necesidad de aumentar la recaudación en un momento de crisis económica, mientras critican que el ala socialista del Gobierno haya planteado exenciones fiscales para propietarios que alquilen sus viviendas.
Tensión creciente en el Gobierno
Este enfrentamiento se suma a la reciente controversia entre Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Aunque finalmente se aprobó la tramitación urgente de esta medida, la división en el seno del Gobierno de coalición se hace cada vez más evidente.
Hacienda, por su parte, ha enfatizado que la decisión sobre el IRPF para el SMI aún está en proceso de análisis y que será debatida en el Consejo de Ministros. Sin embargo, la postura de Montero refleja una firme intención de avanzar en esta dirección, lo que deja entrever un nuevo capítulo de enfrentamientos internos.
La propuesta de gravar a los perceptores del SMI ha abierto una nueva brecha en el Ejecutivo, evidenciando las tensiones entre las dos grandes fuerzas de la coalición. Mientras Hacienda defiende la medida como una cuestión de justicia fiscal, Sumar advierte que este tipo de decisiones puede dañar a los sectores más vulnerables.
