El Gobierno de España deberá aplicar un recorte de 7.500 millones de euros en 2025 para cumplir con el objetivo de déficit del 2,5% que ha pactado con la Comisión Europea. Este ajuste implica importantes cambios en el capítulo de gastos e ingresos, y demandará medidas adicionales a las previstas en el reciente plan fiscal. Expertos de instituciones como el Banco de España, Funcas, Fedea y BBVA Research advierten que, si el gasto no se controla, el país necesitará incrementar los ingresos en un 0,5% del PIB anualmente, a través de una reforma fiscal que sigue en discusión entre los socios de coalición.
Defensa y empleados públicos: los principales destinos del gasto
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago, señala que las reglas fiscales limitarán el crecimiento del gasto, destinándose principalmente al aumento en Defensa y a los incrementos salariales ya aprobados para el sector público. España afronta la exigencia de la OTAN de aumentar su gasto en Defensa en 10.000 millones de euros anuales, mientras que el Gobierno aprobó una subida salarial del 2% para empleados públicos en 2025, con un aumento adicional del 0,5% si la inflación se mantiene alta.
Según el plan enviado a Bruselas, el Ejecutivo proyecta un crecimiento promedio del gasto del 3% hasta 2031, además de un ajuste fiscal anual de 0,42 puntos del PIB. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apoya estas metas, aunque advierte que el cumplimiento dependerá de la disciplina fiscal en las Comunidades Autónomas (CCAA).
Reforma fiscal estructural: una necesidad impostergable
Funcas subraya la necesidad de un ajuste adicional del déficit, algo que el Gobierno planea abordar mediante una mayor progresividad tributaria y un aumento de la presión fiscal sobre grandes grupos económicos y actividades de impacto ambiental. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que hay margen para aumentar la recaudación, destacando que la presión fiscal en España es cuatro puntos inferior a la media de la UE, y recordando que solo siete países están por debajo en este aspecto.
El gasto público, especialmente a nivel autonómico, preocupa a los analistas de Fedea, que advierten que los presupuestos en 2025 podrían ser demasiado expansivos en un contexto de deuda elevada. Según BBVA Research, el gasto de las administraciones públicas ha sido responsable del 60% del crecimiento del PIB acumulado desde 2019, reflejando un protagonismo cada vez mayor en la economía española.
La vivienda en el foco de una reforma tributaria futura
El informe del Comité de Expertos de 2022 ofrece un anticipo de las medidas en discusión. Olga Cantó, una de las autoras, aboga por una mayor fiscalidad sobre los inmuebles vacíos, combinada con incentivos para frenar la inversión en vivienda como activo rentable. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó en 2022 varias propuestas del Comité debido a la crisis inflacionaria, pero Cantó sostiene que con una inflación actualmente controlada es el momento idóneo para implementar una reforma fiscal sólida.
