El 11 de julio de 2021, Begoña Gómez, conocida por ser la esposa del presidente Pedro Sánchez, dejó unas declaraciones dignas de archivo, donde desmenuza su visión particular sobre la «compra pública», los «concursos» y el acceso a «fondos». Más que claridad, sus palabras parecen una receta para cocinar proyectos a medida bajo el disfraz de grandes propósitos sociales.
Un discurso lleno de «impactos sociales» y buenas intenciones… o eso parece
En su intervención, Gómez asegura que las instituciones deben ser «tractores» en procesos de cambio, regulando y priorizando la asignación de fondos públicos a empresas que, según sus criterios, generen un impacto social. Entre líneas, deja entrever que los concursos públicos ya no solo serán un proceso competitivo, sino también una carrera por cumplir con un listado de «valores» que, casualmente, se alinean con la agenda progresista del momento.
Pero aquí surge la pregunta del millón: ¿quién decide qué proyectos merecen fondos y cuáles no? ¿El impacto social es un criterio legítimo o un comodín para beneficiar a ciertos grupos afines al poder? Porque suena más a un filtro ideológico que a un proceso transparente.
Begoña Gómez el 11 de julio de 2021 hablando de «compra pública» de empresas y de «concursos» públicos y de «acceder a una serie de fondos».
Acabo de descubrir este vídeo y creo que alguien debería pasárselo al juez Peinado.
«Las instituciones son un elemento principal porque… pic.twitter.com/XSksCPjp6A
— Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) November 25, 2024
La gran nebulosa de los concursos públicos
Cuando Gómez habla de «desarrollar un concurso» o «acceder a una serie de fondos», lo hace con una vaguedad digna de un manual para aspirantes a expertos en nada. Según sus palabras, si una empresa demuestra que «cierra brechas» (de género, raza, edad, etc.), tendrá más posibilidades de acceder a fondos públicos. Es decir, no basta con ser eficiente, innovador o competitivo; ahora hay que subirse al tren de los criterios sociales impuestos desde arriba.
¿Es este un nuevo modelo de gobernanza o simplemente otra estrategia para controlar quién entra y quién no en el reparto del pastel público?
Un mensaje directo al juez Peinado
Dado el contexto político y la implicación de figuras tan cercanas al poder, no sorprende que algunos sugieran que este video debería caer en manos del juez Peinado. Y es que, en un país donde la asignación de fondos públicos ya ha sido motivo de escándalos, estas declaraciones suenan más a una confesión que a una estrategia de transparencia.
¿De verdad se pretende transformar los concursos públicos en un campo donde el mérito cede ante los criterios sociales subjetivos? Porque, si es así, lo único que se está «cerrando» no son brechas, sino las oportunidades de quienes no tienen amigos en las altas esferas.
Conclusión: el progreso mal entendido
Begoña Gómez parece haber dado una clase magistral sobre cómo disfrazar una posible manipulación de los fondos públicos bajo el halo de «impactos sociales». Sin embargo, lo que realmente se pone en juego es la igualdad de oportunidades en los procesos públicos y la confianza ciudadana en la gestión del dinero común.
Habrá que estar atentos a las implicaciones de estas palabras, porque, como siempre, la realidad suele ser mucho menos idealista que los discursos. Mientras tanto, más de uno ya está buscando las conexiones entre lo dicho y lo hecho. ¿Será este otro episodio de «haz lo que digo, no lo que hago»?
