La reducción de la jornada laboral en Baleares propuesta en el nuevo proyecto de ley ha generado fuertes críticas por parte de las patronales del comercio local, como AFEDECO, PIMECO y la Federación Balear de Comercio (CBC). Estas organizaciones han presentado alegaciones al Ministerio de Trabajo y Economía Social, alertando sobre los efectos adversos que podrían derivarse de su implementación, especialmente para los pequeños y microcomercios.
Impacto en pequeños negocios
Según Joana Manresa, presidenta de AFEDECO, «aunque las intenciones de la ley son positivas, su implementación sin ajustes amenaza la sostenibilidad de los pequeños comercios». Los pequeños comercios, que son el pilar económico de Baleares, enfrentan desafíos particulares como la estacionalidad, los márgenes reducidos y los crecientes costes operativos.
La reducción de la jornada semanal de 40 a 37,5 horas implicaría un aumento de los costes laborales en negocios con recursos limitados. En microempresas, donde las plantillas son pequeñas, los propietarios podrían verse obligados a trabajar jornadas más largas o contratar más personal, algo inviable para muchos.
Propuestas para la viabilidad del sector
Para mitigar este impacto, las patronales han sugerido medidas como:
- Escalonamiento modulado según el tamaño de la empresa.
- Excepciones temporales para sectores altamente estacionales.
- Mayor flexibilidad en negocios con horarios extendidos, como el comercio de proximidad.
Desafíos adicionales: desconexión digital y registro obligatorio
La ley también propone medidas como el derecho a la desconexión digital y la implementación de sistemas de registro obligatorio. Si bien estas iniciativas buscan mejorar la conciliación y el control laboral, su aplicación estricta podría complicar aún más la operativa de los pequeños comercios.
- Desconexión digital: Las patronales piden flexibilidad para funciones críticas y proponen compensaciones económicas o descansos adicionales para los empleados.
- Registro obligatorio: Los pequeños comercios solicitan la posibilidad de usar registros manuales o formatos básicos, así como sanciones ajustadas a su capacidad económica.
