El exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández, y otros excargos del sindicato desvían 40 millones de fondos públicos destinados a formación.
La Audiencia de Sevilla ha condenado al exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, a tres años de cárcel y a pagar una multa de 50 millones de euros. Los jueces lo hallaron culpable de falsificar documentos y cometer fraude de subvenciones. Este dinero, más de 40 millones de euros, debía financiar cursos para trabajadores y desempleados, pero se usó para otros fines dentro del sindicato.
Otros excargos del sindicato también condenados
El tribunal también sancionó a otros antiguos miembros de UGT-A:
- Federico Fresneda (exvicesecretario de administración).
- María Charpín (exsecretaria de gestión económica).
- Enrique Goicoechea (exconsejero delegado de Soralpe).
Todos ellos cumplirán tres años y seis meses de prisión, además de pagar multas millonarias. Por su parte, Dolores Sánchez, exresponsable del departamento de compras, recibió una condena más leve: seis meses de cárcel y una multa de 25 millones de euros.
Adicionalmente, ninguno de ellos podrá acceder a subvenciones o incentivos fiscales durante un periodo de hasta cuatro años y medio.
Devuelven el dinero defraudado
Los condenados deberán pagar de forma solidaria 40,6 millones de euros a la Junta de Andalucía, ya que desviaron el dinero de su objetivo original. La sentencia también obliga a UGT Andalucía a responder por el total de esta cantidad como responsable subsidiaria.
El origen del fraude
Este escándalo se originó por el uso indebido de fondos públicos, que estaban destinados a formar a trabajadores y personas desempleadas. Según la investigación, el sindicato utilizó este dinero para cubrir gastos internos, alejándose del objetivo social. El caso refleja una de las mayores tramas de fraude en subvenciones de Andalucía.
