La reciente aceptación del Govern balear, liderado por el PP, de la propuesta de Vox para realizar análisis dentales a menores migrantes no acompañados, ha puesto de manifiesto un problema constante en España: la intervención y críticas del Gobierno central, en manos del PSOE, que parece más preocupado por imponer su agenda ideológica que por proteger los intereses de los ciudadanos y garantizar un control efectivo de la inmigración.
Desde Vox se ha planteado una medida sensata y proporcional: verificar la edad de los menores no acompañados que llegan a Baleares, una herramienta clave para evitar posibles abusos del sistema. Sin embargo, la Delegación del Gobierno, dirigida por Alfonso Rodríguez Badal, designado por el PSOE, ha saltado de inmediato para deslegitimar esta propuesta, poniendo trabas legales y burocráticas a una solución que podría ayudar a gestionar mejor un problema cada vez más evidente: la falta de control y transparencia en la llegada de menores extranjeros a las islas.
Un Gobierno central fuera de la realidad de las comunidades autónomas
La respuesta del PSOE no sorprende. En su intento de salvaguardar su discurso políticamente correcto, prefiere ignorar que esta medida, lejos de ser una imposición, busca asegurar que los recursos destinados a los menores no acompañados se utilicen de manera justa y eficiente. En cambio, el Gobierno central opta por criticar cualquier intento de las comunidades autónomas de tomar decisiones que beneficien a sus ciudadanos.
Es más, la postura del delegado del Gobierno demuestra la desconexión entre Madrid y la realidad de las comunidades autónomas, que enfrentan problemas específicos como la llegada constante de migrantes a través del Mediterráneo. Mientras el PSOE sigue aplicando su retórica desde los despachos en Madrid, Baleares se encuentra lidiando con un sistema desbordado, sin apoyo suficiente por parte del Ejecutivo central.
La clave está en la responsabilidad: ¿Madrid o las comunidades?
El Gobierno balear, pese a necesitar el apoyo de Vox para lograr estabilidad parlamentaria, está mostrando una actitud responsable al estudiar y aceptar medidas que buscan proteger los intereses de los baleares. Vox, con propuestas claras y necesarias, está liderando un debate valiente y necesario sobre el control de la inmigración, un tema que afecta directamente a la seguridad, los recursos y la cohesión social de las islas.
Pero esta situación nos deja una pregunta importante: ¿para qué sirven las comunidades autónomas si Madrid sigue entorpeciendo su capacidad de actuar en temas tan importantes como la inmigración? Si el PSOE insiste en centralizar la toma de decisiones y frenar medidas razonables, ¿cómo pueden las comunidades responder eficazmente a las necesidades de sus ciudadanos?
