La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal promete agilizar los desalojos de okupas en España, situando el tema en el centro del debate político y social. Con el respaldo del Partido Popular y otros grupos parlamentarios, esta normativa introduce un cambio importante: la implementación de juicios rápidos en el ámbito penal, un procedimiento que busca reducir los plazos a tan solo 15 días en ciertos casos.
Juicios rápidos: el cambio clave
La reforma establece que los casos de ocupación de viviendas, hasta ahora tramitados por la vía civil, se gestionen en el ámbito penal mediante juicios rápidos. Esto supone una gran diferencia, ya que los plazos en los procedimientos civiles suelen extenderse durante meses o incluso años. Ahora, el objetivo es que las resoluciones se emitan en un periodo no mayor a dos semanas.
¿A qué delitos afecta esta reforma?
La nueva normativa se aplica específicamente a dos delitos:
- Allanamiento de morada: Cuando se ocupa una vivienda que es la residencia habitual de alguien. En estos casos, ya existía la posibilidad de desalojar en 48 horas, aunque esta reforma refuerza dicha agilidad.
- Usurpación: Ocupación de viviendas deshabitadas o segundas residencias, que antes requerían procesos mucho más largos.
Es importante subrayar que esta ley no afecta a impagos de alquiler, que seguirán tramitándose por la vía civil como incumplimientos de contrato, ni a delitos graves con penas superiores a cinco años.
Apoyos, polémicas y reacciones
La reforma fue aprobada en el Congreso con el apoyo del Partido Popular, PNV, UPN, Coalición Canaria, Junts y, de forma inesperada, EH Bildu y ERC, cuyos representantes calificaron posteriormente su voto a favor como un error. Ambos partidos han señalado que intentarán revertir la medida, aunque la mayoría absoluta del PP en el Senado parece garantizar la aprobación definitiva de la ley.
Por otro lado, las opiniones sobre esta reforma están divididas. Mientras que los propietarios celebran la posibilidad de recuperar sus inmuebles de forma más rápida, colectivos sociales critican que no se ofrezcan alternativas para las personas desalojadas. Esta confrontación pone de manifiesto la tensión entre el derecho a la propiedad y la necesidad de atender la crisis habitacional.
