Crisis interna en el GOB: un liderazgo que fracturó la confianza
La dimisión de Margalida Ramis como presidenta del GOB Baleares evidencia la profunda crisis interna en una organización que, durante años, se había erigido como referente del ecologismo en las Islas Baleares. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por decisiones controvertidas, entre ellas su doble rol como presidenta y asalariada, que contraviene los principios fundacionales de la entidad.
Los estatutos del GOB son claros: los directivos deben ejercer sus cargos de manera gratuita. Durante 40 años, este principio no había sido cuestionado, pero el nombramiento de Ramis y su relación contractual con la organización generaron un profundo malestar, especialmente entre los socios de Menorca e Ibiza, quienes exigieron cambios inmediatos.
Un precedente peligroso para la transparencia
La decisión de modificar los estatutos para explicitar la incompatibilidad entre ser directivo y asalariado no solo llegó tarde, sino que dejó al descubierto la falta de planificación y ética en la dirección. Que una presidenta acepte un sueldo mientras ocupa un cargo destinado a ser honorífico es una contradicción que mina la credibilidad de la organización y abre la puerta a cuestionar su compromiso con los valores que defiende.
El malestar interno no es un detalle menor. La credibilidad de cualquier entidad depende de la coherencia entre sus principios y acciones. En este caso, la gestión de Ramis ha dejado claro que los valores de transparencia y compromiso ético quedaron relegados a un segundo plano.
Abandono del Pacto por la Sostenibilidad: ¿decisión estratégica o distracción?
Coincidiendo con su dimisión, el GOB anunció su salida del Pacto por la Sostenibilidad, promovido por el Govern balear. Según Ramis, esta decisión se debe a que el pacto sirve para «blanquear políticas regresivas» en materia medioambiental. Sin embargo, este gesto, lejos de ser una muestra de firmeza, podría interpretarse como un intento de desviar la atención de los conflictos internos que asolan al GOB.
El detonante fue la aprobación de la ley de simplificación administrativa, que permite, entre otras medidas, la legalización de viviendas en suelo rústico. Aunque la crítica del GOB es legítima, sorprende que estas decisiones no fueran confrontadas con mayor contundencia desde el principio del pacto, lo que deja entrever una falta de estrategia y liderazgo claros.
