Dos meses después de las devastadoras inundaciones provocadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, más de 120.000 vehículos siniestrados permanecen apilados en solares próximos a áreas urbanas. El enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón ha frenado las labores de retirada, agravando los riesgos ambientales y de seguridad.
El conflicto político tras la catástrofe
La disputa entre administraciones se centra en quién debe asumir la responsabilidad de retirar los vehículos amontonados tras las inundaciones. Mientras el Gobierno central señala a la Generalidad Valenciana y los ayuntamientos, la administración autonómica asegura que, según la normativa, los vehículos en cauces son competencia estatal.
La falta de consenso ha provocado retrasos significativos, generando una situación alarmante con incendios registrados en Alberic y Catarroja.
Emergencia hasta las Fallas
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, advirtió que la situación podría prolongarse hasta marzo, coincidiendo con las festividades de las Fallas. Bernabé destacó:
“No podemos permitirnos este ritmo de retirada. Quedan decenas de miles de coches en las calles, y es una cuestión de emergencia”.
Riesgos ambientales y de seguridad
Los vehículos amontonados no solo obstaculizan la recuperación de las zonas afectadas, sino que representan un riesgo ambiental y de seguridad. La acumulación de residuos y el peligro de nuevos incendios exigen una solución inmediata que sigue bloqueada por las tensiones políticas.
El conflicto político detrás de los vehículos siniestrados
El problema principal radica en una interpretación dispar de las competencias. Según la Generalidad Valenciana, la normativa establece responsabilidades claras basadas en la ubicación de los coches:
- Cauces: Son áreas controladas por el Gobierno central, ya que suelen formar parte del dominio público hidráulico. Esto incluye ríos y barrancos donde el Estado tiene la obligación de garantizar el mantenimiento.
- Vías autonómicas: En las carreteras y caminos gestionados por la Comunidad Valenciana, corresponde al Gobierno autonómico retirar los vehículos afectados.
- Parcelas municipales: En este caso, la responsabilidad recae sobre los ayuntamientos, ya que estas zonas suelen ser terrenos locales utilizados para almacenamiento o tránsito.
No obstante, desde la Delegación del Gobierno se asegura que las normativas autonómicas también prevén el uso de depósitos habilitados por la Consejería de Residuos para estos casos, lo que genera un choque interpretativo y retrasa la resolución del problema.
Miles de ciudadanos sufren las consecuencias
El enfrentamiento entre administraciones ha convertido un problema técnico en una batalla política, con miles de ciudadanos sufriendo las consecuencias. Resolver este conflicto no solo es una cuestión de eficiencia, sino también de responsabilidad ante una crisis que exige coordinación y urgencia.
