El rechazo del Congreso al decreto ómnibus presentado por el Gobierno deja a Baleares en una situación incierta. Este decreto incluía, entre otras medidas, la prórroga de los descuentos y la gratuidad en el transporte público, así como la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Estas iniciativas, esenciales para miles de residentes en las islas, han quedado en el aire tras el voto en contra de PP, Junts y Vox.
Baleares pierde beneficios clave en transporte
El decreto contemplaba la extensión de los descuentos de, al menos, el 50% en el transporte público gestionado por las comunidades autónomas y la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia. Para Baleares, esto suponía mantener las ayudas al transporte público urbano e interurbano, esenciales para miles de residentes que dependen de estos servicios en su día a día.
Además, el rechazo afecta directamente a otras iniciativas previstas, como la financiación de sistemas de bicicletas urbanas en las principales ciudades españolas. Aunque estas medidas estaban diseñadas para facilitar la movilidad sostenible, ahora queda en manos del Gobierno encontrar alternativas que las rescaten.
Las pensiones, otro golpe para los más vulnerables
El decreto ómnibus también incluía la revalorización de las pensiones conforme al IPC, una medida crucial para los jubilados de Baleares, una comunidad con un coste de vida elevado. Aunque el Ejecutivo está obligado por ley a actualizar las pensiones, el retraso generado por la caída de este decreto puede generar incertidumbre entre los beneficiarios.
Promesas desde Moncloa
Desde el Gobierno, se insiste en que no se abandonará a los ciudadanos. «Ni los pensionistas, ni los usuarios del transporte público, ni los valencianos o baleares quedarán desprotegidos», aseguraron fuentes de Moncloa. Sin embargo, hasta el momento no se han detallado cómo se implementarán estas medidas tras el bloqueo parlamentario.
La oposición plantea alternativas
Por su parte, el PP ha registrado iniciativas para salvar la subida de las pensiones, las ayudas a los damnificados por desastres naturales y las subvenciones al transporte. Según los populares, su postura no busca eliminar estas medidas, sino evitar que se utilicen como «moneda de cambio política».
El rechazo también ha estado marcado por las críticas de Junts, que acusa al Gobierno de «chantaje» y «trilerismo» al incluir medidas tan diversas en un solo decreto. Vox, por su parte, ha señalado que la mezcla de ayudas sociales con «favores políticos», como la cesión de un inmueble en París al PNV, ha sido un factor determinante en su rechazo.