El Gobierno ha dejado en el aire una medida clave que afectaría a unos 100.000 pluriempleados con ingresos entre 1.500 y 2.500 euros al mes. La nueva versión del decreto ómnibus excluye la exención del IRPF para quienes perciban hasta 22.000 euros anuales y tengan más de un pagador, aplazando esta posibilidad «para más adelante», según confirmó el presidente Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros.
¿Qué implica esta exclusión?
Hasta ahora, el mínimo exento de declarar la renta se mantiene en 1.500 euros para contribuyentes con más de un pagador. Esta cifra seguiría vigente hasta que el Ejecutivo logre aprobar la reforma en cuestión, algo que podría ocurrir en las próximas semanas si prosperan las negociaciones con los grupos parlamentarios.
Desde entidades como Bankinter explican que «cuando se tienen dos pagadores, es más probable que la declaración salga a pagar», debido a que el segundo pagador aplica retenciones inferiores al no considerar los ingresos totales del contribuyente.
Un fenómeno en aumento: el pluriempleo
Según datos de la Encuesta de Población Activa, al cierre de 2023 España contaba con 593.500 personas con más de un empleo, de las cuales 334.000 trabajan por cuenta ajena. Estudios de Infojobs revelan que un 28% de estos trabajadores tienen ingresos superiores a los 1.500 euros al mes, y un 40% han recurrido a un segundo empleo «por necesidad».
¿Qué otras medidas quedaron fuera del decreto?
Además de la exención del IRPF para pluriempleados, Moncloa decidió posponer otras disposiciones:
- Traspaso de viviendas al SEPES para destinarlas al alquiler asequible.
- Descuento del 80% en peajes para industrias electrointensivas, previsto hasta 2025.
- Ampliación del Plan Moves III de apoyo a la movilidad sostenible.
- Actualización de entregas a cuenta a comunidades autónomas, con un total de 9.600 millones de euros anticipados.
- Corrección sobre el impuesto a la banca, que busca limitar el impacto contable del gravamen.
¿Qué esperar ahora?
El Gobierno trabaja para rescatar estas medidas en el próximo decreto, que podría aprobarse en febrero. La negociación con el Congreso será clave para garantizar su viabilidad parlamentaria.