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El Gobierno avanza hacia la jornada laboral de 37,5 horas y presiona al PP para su apoyo

La nueva medida, sin pérdida salarial, afectará a 12 millones de trabajadores y enfrenta el rechazo de la patronal
El Gobierno impulsa la jornada laboral de 37,5 horas y busca apoyos del PP. La medida beneficiará a 12 millones de trabajadores.

El Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto que establece la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. La iniciativa, aprobada en el Consejo de Ministros, supone un avance hacia el cumplimiento del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. El Ejecutivo confía en lograr el respaldo del Congreso para que la medida vea la luz, lo que implica negociar con Junts y, principalmente, con el PP.

«Es un día histórico», declaró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien subrayó que este cambio «moderniza España» y permite «vivir mejor y ser más productivos». La medida, según Díaz, pone el foco en la calidad de vida de los españoles.

Impacto en Baleares: preocupación en el sector turístico

En las Islas Baleares, donde el empleo está fuertemente vinculado al sector turístico, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas genera incertidumbre entre los empresarios. Muchos temen que la medida agrave los ya elevados costes laborales y afecte la competitividad de las empresas en un mercado marcado por la estacionalidad. Los pequeños negocios, como bares, restaurantes y comercios, advierten de que esta reducción podría traducirse en una disminución de horarios de atención al público o incluso en el encarecimiento de sus servicios para compensar el ajuste salarial.

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Impacto directo en los trabajadores

La reducción «beneficiará» a unos 12 millones de trabajadores, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Los contratos a tiempo parcial que superen las 37,5 horas se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo, mientras que las jornadas inferiores deberán ser reajustadas salarialmente.

Además, la normativa endurecerá las sanciones para las empresas que incumplan el registro horario, con multas que pueden alcanzar hasta 10.000 euros por trabajador, una medida que busca fomentar el cumplimiento de la ley.

El PP en el punto de mira

Para sacar adelante esta reforma, el Gobierno necesita apoyos parlamentarios. Yolanda Díaz ha apelado directamente al PP para que «aproveche esta oportunidad histórica y reconcilie su relación con los trabajadores». Sin embargo, advirtió que la actitud de los populares ha sido «destructiva y sin aportaciones útiles».

Desacuerdo con la patronal

Las organizaciones empresariales, lideradas por la CEOE y Cepyme, han mostrado su rechazo frontal a la medida. Su presidente, Antonio Garamendi, considera que la negociación de la jornada laboral debe hacerse «sector a sector, no de forma generalizada». También advirtió que esta medida podría perjudicar gravemente a los autónomos y pequeñas empresas, quienes «no tienen margen para asumir nuevos costes».

Perspectivas y próximos pasos

El anteproyecto deberá pasar por el Consejo de Estado y el CES antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley. Se prevé que la tramitación parlamentaria sea compleja, pero el Gobierno confía en que el amplio apoyo ciudadano a la medida —con dos de cada tres españoles a favor— incline la balanza.

By Redacción

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