La nueva jornada laboral: un cambio clave para millones de trabajadores
El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que propone la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario. Esta medida, impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, podría beneficiar a unos 12 millones de trabajadores. El texto es fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, mientras que las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han decidido no participar, defendiendo la negociación colectiva como la vía adecuada.
Plazos y adaptación de las empresas
Tras su aprobación inicial, el texto deberá recibir los informes preceptivos del Consejo de Estado y CES antes de regresar al Consejo de Ministros como proyecto de ley. Trabajo estima que la norma podría ser definitiva antes del verano de 2025, permitiendo una adaptación progresiva de las empresas hasta el 31 de diciembre de ese año.
Los contratos a tiempo parcial que superen las 37,5 horas semanales se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo. Quienes trabajen menos horas mantendrán sus jornadas actuales, pero tendrán derecho a una subida proporcional de su salario.
Multas de hasta 10.000 euros para las empresas infractoras
El anteproyecto endurece las sanciones para las empresas que no cumplan con la nueva normativa. Las multas podrán llegar a los 10.000 euros por trabajador afectado, incrementándose respecto al límite actual de 7.500 euros.
Las infracciones menores se sancionarán con un mínimo de 1.000 euros, mientras que las faltas graves podrán alcanzar los 10.000 euros.
Registro horario digital obligatorio
Para garantizar el cumplimiento de la nueva jornada, las empresas deberán implementar un registro digital diario. Los trabajadores serán responsables de registrar sus horas, incluyendo interrupciones, y tendrán derecho a recibir un resumen mensual de las horas trabajadas.
Desconexión digital: un derecho irrenunciable
La norma también refuerza el derecho de los trabajadores a desconectarse digitalmente fuera de su horario laboral, garantizando que no puedan sufrir represalias por no responder a comunicaciones empresariales fuera de su jornada.