El juez Juan Carlos Peinado ha dado un nuevo paso en la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La medida incluye la indagación de sus cuentas bancarias y el acceso a su certificado literal de matrimonio. Este caso ha captado la atención mediática al involucrar acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
La investigación judicial se intensifica
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha ordenado a la policía judicial identificar las cuentas corrientes donde Begoña Gómez figure como titular. Esta acción responde a las denuncias presentadas por la asociación Hazte Oír y el sindicato Manos Limpias, que señalan irregularidades en la actividad profesional de Gómez al frente del IE África Center, puesto que ocupó entre 2018 y 2022.
Además, el juez ha requerido al Registro Civil Único de Madrid el certificado literal de matrimonio de Gómez, un documento que podría resultar clave para el avance de las investigaciones.
Nuevas declaraciones y contradicciones
El 18 de diciembre, Gómez deberá declarar ante el juez como investigada. Ese mismo día también comparecerá Juan José Güemes, directivo del IE Business School y exconsejero de la Comunidad de Madrid. Güemes pasó de testigo a investigado tras reconocer que ordenó contratar a Gómez para dirigir el África Center, decisión que supuestamente implicó una serie de irregularidades.
El juez tomó esta decisión al detectar contradicciones entre las declaraciones de Güemes y las de Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del IE. Gil de Antuñano también se enfrenta a una investigación por un presunto delito de desobediencia, al no cumplir con un requerimiento judicial en octubre pasado.
Acusaciones relacionadas con el IE África Center
La denuncia de Manos Limpias apunta a que Air Europa, parte del grupo Globalia, habría pagado 40.000 euros anuales al África Center, además de ofrecer vuelos de primera clase valorados en 15.000 euros anuales para Gómez y su equipo. Estos pagos han suscitado sospechas sobre posibles acuerdos irregulares y beneficios personales.
Este caso sigue generando polémica, avivando las críticas sobre la gestión pública y la transparencia en instituciones relacionadas con el Gobierno. A medida que avanza la investigación, se esperan nuevas revelaciones que podrían complicar aún más la situación jurídica de los implicados.
