El próximo 2 de diciembre, el Ministerio del Interior activará el controvertido nuevo Registro de Viajeros, una normativa que exige a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos recopilar y transferir hasta 42 datos personales de cada cliente al Ministerio. Aunque el Gobierno lo justifica como una herramienta para reforzar la seguridad ciudadana, sectores turísticos y expertos en privacidad advierten de sus consecuencias negativas tanto para las empresas como para los viajeros.
Impacto en los usuarios: privacidad bajo la lupa
Con la entrada en vigor de este decreto, los usuarios deberán proporcionar información detallada que va más allá de los datos básicos habituales. Entre los nuevos requisitos destacan:
- Métodos de pago utilizados en las reservas.
- Detalles de viajes o desplazamientos que hasta ahora no eran obligatorios.
Estos datos adicionales generan preocupación entre los viajeros, ya que podrían comprometer la seguridad y confidencialidad de su información personal. Especialistas en turismo y privacidad han alertado sobre el riesgo de que España sea percibida como un destino menos atractivo por la incomodidad que puede provocar este nivel de supervisión.
Impacto en las empresas: más costes y posibles sanciones
Las compañías turísticas deberán adaptar sus sistemas internos para cumplir con las nuevas exigencias, lo que implica mayores costes operativos y riesgo de sanciones económicas. El Ministerio del Interior establece multas de entre 100 y 30.000 euros para los incumplimientos leves y graves, como la falta de registro o la omisión total de información.
Los pequeños y medianos negocios del sector serán los más afectados, ya que no todos cuentan con los recursos necesarios para implementar las herramientas tecnológicas que exige el decreto.
Críticas legales y rechazo del sector turístico
Las principales asociaciones del sector, como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), han anunciado que llevarán la normativa ante los tribunales. Los argumentos principales son:
- Vulneración de las normativas europeas de privacidad: El tratamiento masivo de datos personales, incluidos los métodos de pago, choca con directivas comunitarias.
- Aprobación irregular mediante decreto ley: Se argumenta que una normativa que afecta derechos fundamentales, como la privacidad, debería haberse tramitado como ley orgánica.
Además, las agencias de viajes buscan su exclusión del ámbito de aplicación del decreto, ya que consideran que la normativa no se adapta a su modelo de negocio ni estaba incluida en la ley de la que deriva.
Cehat anuncia acciones legales por el registro de viajeros y su impacto negativo sobre el sector https://t.co/LmrUvlDrJC pic.twitter.com/1siAyUtjvv
— Agenttravel.es (@AgenttravelES) November 26, 2024
Una medida desproporcionada y polémica
Aunque el Ministerio del Interior destaca que la plataforma ha permitido la activación de más de 18.000 órdenes de búsqueda y captura durante su funcionamiento voluntario, el sector turístico insiste en que los costes económicos y legales no compensan los supuestos beneficios. Mientras tanto, los usuarios y empresas deberán enfrentarse a esta nueva carga operativa, que amenaza con cambiar radicalmente la experiencia turística en España.
