Críticas por restringir la acusación popular y eliminar el delito de ofensas religiosas
El Gobierno del PSOE presentó una polémica reforma legal que pretende frenar las acciones judiciales que califica como “abusivas”. Sin embargo, diversas voces advierten que esta iniciativa representa un grave ataque a derechos fundamentales y a la independencia judicial. La propuesta incluye medidas para reducir el alcance de las acusaciones populares, eliminar el delito de ofensas religiosas y limitar las actuaciones de jueces independientes.
Medidas de la reforma: un asalto a la justicia independiente
Restricción de la acusación popular
El PSOE pretende acotar el papel de la acusación popular, una herramienta esencial para que los ciudadanos exijan responsabilidades en casos de corrupción y otros delitos graves. Con esta reforma:
- Reducción de su intervención en los procesos: Los impulsores del texto proponen que la acusación popular solo participe en el juicio oral, dejando la instrucción exclusivamente en manos del Ministerio Fiscal y las víctimas directas.
- Requisitos más estrictos para personarse: La norma exige demostrar un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público. Esta medida permitirá a los jueces denegar la personación cuando consideren que no se cumple este criterio.
- Prohibición a partidos políticos: La reforma impide que partidos y entidades vinculadas participen como acusación popular, limitando aún más la capacidad de supervisión ciudadana.
Estas modificaciones buscan evitar que los procesos judiciales se conviertan en herramientas mediáticas, pero generan preocupación por el blindaje del poder político ante posibles investigaciones.
Control sobre jueces críticos
La reforma propone apartar a jueces que emitan declaraciones críticas o favorables hacia partidos políticos. Aunque el texto lo justifica como una medida para evitar la «judicialización de la política», muchos temen que el Gobierno utilice esta norma para acallar a magistrados incómodos.
Eliminación del delito de ofensas religiosas
Otro punto polémico es la derogación del artículo 525 del Código Penal, que protege los sentimientos religiosos. Esta medida debilita la defensa de valores tradicionales y abre la puerta a actos ofensivos contra las creencias mayoritarias de los españoles.
Restricciones a las querellas basadas en recortes de prensa
El texto también limita la apertura de procesos judiciales que se fundamenten en información periodística sin pruebas concretas. Aunque el PSOE argumenta que busca evitar denuncias infundadas, esta medida podría proteger al poder político frente a investigaciones que partan de la labor de los medios.
Una reforma bajo sospecha
La reforma del PSOE ha sido recibida con rechazo por numerosos sectores, que denuncian su carácter autoritario y su intento de controlar tanto el ámbito judicial como la sociedad civil.
