El Gobierno ha aprobado una nueva línea de aval estatal para cubrir impagos en el alquiler, incluida en el decreto ómnibus pactado con Junts. Sin embargo, esta medida, que forma parte de las 12 iniciativas anunciadas por Pedro Sánchez, ha sido criticada por expertos inmobiliarios por su limitado alcance y por no abordar el problema de fondo: la okupación y la inseguridad jurídica en el mercado del alquiler.
Requisitos restrictivos y limitaciones
El seguro de impagos del alquiler está destinado a propietarios que alquilen viviendas a menores de 35 años o a personas en situación de vulnerabilidad, siempre que el precio no supere el índice estatal de referencia de precios, un indicador aún por definir. Además, los propietarios deben depositar la fianza legal obligatoria y suscribir un compromiso de aval con el arrendatario, según el modelo que establezca la Administración.
Uno de los requisitos más controvertidos es que la solicitud del aval solo se podrá realizar en los seis meses siguientes a la recuperación de la posesión de la vivienda, ya sea mediante una resolución judicial de lanzamiento o un acuerdo extrajudicial. Esto significa que, en caso de okupación, el propietario primero tendrá que desalojar al inquilino antes de poder acceder al seguro.
Gracias a la Ley de Vivienda y al Decreto Antidesahucios el mercado de alquiler se ha cerrado a los menos solventes y a potenciales vulnerables indesahuciables. #NoalDecretoAntidesahucios 11/2020 #leyantiocupas o #QueAlquileRita pic.twitter.com/10oKVMZQT9
— Jomaca (@Jomaca18) January 30, 2025
Críticas de los expertos inmobiliarios
Los expertos en el sector inmobiliario consideran que esta medida no solo es insuficiente, sino que también genera más inseguridad jurídica. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios en el Colegio de Economistas de Madrid, afirma que el seguro «incentiva a los que no pagan la renta a no hacerlo», ya que el propietario recibirá el pago del Estado, mientras que el inquilino impago no sufre consecuencias directas.
Además, el seguro no será accesible para el 85 % de los propietarios cuyas rentas superen el índice estatal de referencia, lo que deja fuera a más de 3 millones de contratos de alquiler actualmente en vigor. Alberto Alonso, coordinador del Observatorio del Alquiler, señala que esta medida «no pone solución al causante, que es la okupación, ni a la limitación de precios».
Impacto en el mercado del alquiler
Los expertos advierten que esta medida podría tener un efecto contrario al deseado, ya que desincentivará a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler. Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, explica que «en un contexto donde la destrucción de oferta de viviendas en alquiler es diaria, resulta más necesario que nunca incentivar a los propietarios para que puedan poner con seguridad más viviendas en el mercado».
Sánchez también critica que el seguro «no mejora la seguridad jurídica» y que, en lugar de proteger a los propietarios, genera una relación asimétrica entre arrendador e inquilino, donde el propietario termina soportando los costes de la vulnerabilidad del inquilino.
¿Una solución efectiva?
Aunque el Gobierno busca proteger a las familias vulnerables y fomentar el acceso a la vivienda, el nuevo seguro de impagos del alquiler parece tener más limitaciones que beneficios. Los expertos coinciden en que, sin abordar el problema de la okupación y sin mejorar la seguridad jurídica, esta medida no será suficiente para reactivar el mercado del alquiler en España.