La Sala Civil del Tribunal Supremo ha admitido la demanda interpuesta por Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La demanda, fundamentada en la defensa del derecho al honor, se tramitará mediante juicio ordinario.
El caso se remonta a las declaraciones realizadas por Montero en las que acusaba a González Amador de ser un «defraudador confeso» y señalaba que Ayuso vivía en un piso supuestamente pagado con dinero obtenido mediante fraude fiscal. Estas afirmaciones, realizadas durante varias intervenciones, incluida una sesión de control al Gobierno en el Senado, han llevado al empresario a solicitar una indemnización de 40.000 euros y una rectificación pública.
Los hechos: Acusaciones y contexto
En sus declaraciones del pasado 12 de marzo, y reiteradas en octubre, Montero afirmó que el empresario estaba involucrado en actividades de fraude fiscal, vinculando estas acusaciones con la residencia de Díaz Ayuso. Estas declaraciones motivaron que González Amador solicitara una medida de conciliación previa, a la cual la ministra no acudió. Ante esta incomparecencia, el empresario procedió a presentar la demanda formal.
Resolución en manos del Supremo
El Tribunal Supremo ha concedido a la Fiscalía y a Montero un plazo de 20 días para responder a la demanda. En caso de no comparecer en el tiempo establecido, Montero podría ser declarada en rebeldía procesal. Además, el Tribunal ha recordado que cualquier defensa deberá realizarse con procurador y asistencia de abogado.
La Sala Primera del Supremo, especializada en materia civil, será la encargada de determinar si Montero deberá indemnizar al empresario y rectificar públicamente sus declaraciones.
Contexto político y mediático
Este caso ha generado un notable interés mediático y político, dada la implicación de figuras relevantes del Gobierno y la Comunidad de Madrid. Las acusaciones de fraude fiscal contra el empresario, así como su relación con Ayuso, han sido objeto de debate público, especialmente en un contexto de creciente polarización entre los partidos.
