El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha llamado a declarar como investigados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal Diego Villafañe Díez. La decisión se basa en los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apuntan a una presunta coordinación para la revelación de información confidencial.
Contexto de la investigación
La causa se centra en la filtración de un correo confidencial relacionado con el caso Alberto González Amador. Según los informes, el fiscal general habría desempeñado un papel clave, utilizando su posición de superioridad para coordinar acciones que derivaron en la divulgación de información reservada.
Las acusaciones contra los investigados
Álvaro García Ortiz
La UCO señala la “participación preeminente” de García Ortiz, quien presuntamente dirigió los pasos para obtener y divulgar el correo confidencial. La rapidez con la que se actuó para filtrar la información y su supervisión directa refuerzan los indicios en su contra.
Pilar Rodríguez
La fiscal provincial de Madrid facilitó documentos clave y se puso a disposición del fiscal general. Estas acciones, según el magistrado, muestran su implicación consciente en la filtración.
Diego Villafañe
El teniente fiscal de la Secretaría Técnica habría solicitado documentación para su posterior difusión. Aunque su papel es considerado menor, su implicación refuerza la hipótesis de una actuación concertada.
El papel de la UCO en la investigación
Los informes de la UCO han sido fundamentales para apuntalar las acusaciones. Este organismo ha aportado pruebas y análisis que confirman la cadena de acciones que llevaron a la filtración. Además, subraya la profesionalidad y objetividad de sus procedimientos, lo que fortalece su credibilidad ante el magistrado.
Próximos pasos en el caso
Los investigados han sido citados a declarar en el Tribunal Supremo entre finales de enero y principios de febrero de 2025. Estas comparecencias serán clave para esclarecer los hechos y determinar si procede abrir juicio contra los implicados.