El debate sobre la crisis migratoria en las Islas Baleares se ha encendido tras las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en el Senado negó la existencia de una ruta consolidada de inmigración irregular desde Argelia hacia las costas baleares. A pesar de las cifras alarmantes y las críticas de la oposición, el ministro insiste en que el Gobierno trabaja para evitar que estas rutas se consoliden.
Las críticas de Miquel Jerez: «Baleares está abandonada»
El senador autonómico por Baleares, Miquel Jerez (PP), confrontó al ministro en el Senado con datos contundentes. Según Jerez, solo en los últimos siete días, cerca de 1.000 migrantes han llegado a las costas de las islas, muchos de ellos mujeres embarazadas, niños y jóvenes. El senador prevé que el año finalizará con más de 5.000 llegadas, un récord que evidencia, según sus palabras, una «ruta migratoria consolidada» que España no está combatiendo de forma efectiva.
Jerez fue tajante al señalar que la falta de medios y la ausencia de una política migratoria clara son los principales motivos que han facilitado esta vía de entrada para las mafias. «No podemos controlar toda la costa con los recursos actuales, y esto está dejando a nuestras fuerzas de seguridad y administraciones en una situación crítica», afirmó.
Mafias y administraciones locales al límite
El senador también alertó sobre el peligro de que Baleares se convierta en un «nuevo Barbate», refiriéndose al desbordamiento migratorio que han vivido otras regiones costeras de España. Aseguró que las mafias de tráfico de personas ya no temen a las autoridades y denunció la desprotección de los agentes, quienes a menudo carecen de los medios necesarios para enfrentar esta situación.
Por su parte, las administraciones locales de las Islas Baleares, como el Consell de Mallorca o el Consell de Ibiza, se encuentran al límite de su capacidad. Jerez denunció que el Consell de Mallorca solicitó instalaciones en desuso al Gobierno central para alojar a los menores no acompañados, pero recibió una respuesta «desleal» del alcalde socialista de Inca, quien afirmó que esos menores «estarían mejor en otro lugar». En Ibiza, el coste de tutela de menores ya asciende a ocho millones de euros, mientras que Formentera ha planteado incluso devolver sus competencias por la imposibilidad de gestionarlas.
«El Gobierno está desaparecido en Baleares»
La falta de apoyo del Gobierno central a las instituciones locales e insulares fue otro de los puntos clave de la intervención de Jerez. Acusó al Ejecutivo de «abandonar» Baleares en medio de una crisis migratoria que considera un problema de Estado. Además, criticó al ministro Grande-Marlaska por «negar la realidad» y no escuchar a las administraciones baleares, como la presidenta autonómica, Marga Prohens.
«Le pido que sea un ministro útil contra las mafias y que esté a la altura de las comunidades autónomas que están sufriendo la inmigración ilegal, aunque no las gobierne el PSOE. Esto es lealtad de Estado», concluyó el senador.
