Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, está mostrando una postura contradictoria con respecto a su estrategia frente a la ultraderecha. Mientras en España insiste en mantener un «cordón sanitario» que excluya a Vox de cualquier acuerdo político, en Europa parece estar dispuesto a flexibilizar esa línea roja. Todo esto ocurre en el marco de las negociaciones para garantizar el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea.
Juego político en Bruselas
La candidatura de Ribera, respaldada por Sánchez, parecía tener buen rumbo hasta que el Partido Popular (PP) liderado por Alberto Núñez Feijóo boicoteó su examen en el Parlamento Europeo. Desde entonces, el Ejecutivo español ha tenido que redoblar esfuerzos en Bruselas para salvar su nombramiento. Sánchez, en su papel de negociador, busca el apoyo de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y miembro del Partido Popular Europeo.
La jugada del PP ha complicado el acuerdo entre las principales familias políticas europeas (populares, socialdemócratas y liberales), quienes pactaron en julio la composición del futuro Gobierno comunitario. Para los socialistas europeos, garantizar el puesto de Ribera es clave, pero ahora esa estrategia podría llevar a un giro inesperado: apoyar al candidato de la «ultraderechista» Giorgia Meloni, Raffaele Fitto, como vicepresidente de Cohesión.
La «ultraderecha», de enemigo a posible aliado estratégico
La posibilidad de que el Gobierno español facilite la entrada de un representante ultraderechista en la Comisión Europea resulta paradójica. Hasta hace poco, Sánchez defendía con firmeza un «cordón sanitario» para frenar la influencia de partidos de «extrema derecha», tanto en España como en Europa. Sin embargo, las circunstancias han cambiado, y el Ejecutivo parece ahora más dispuesto a negociar con los italianos si eso asegura la permanencia de Ribera en la Comisión.
En este contexto, Sánchez argumenta que todos los países tienen derecho a tener un comisario, independientemente de la orientación ideológica de su gobierno. Aunque esta postura puede parecer pragmática, contradice el discurso sostenido por el PSOE antes de las elecciones europeas, cuando pedía movilización contra «la coalición reaccionaria» del PP y Vox.
¿Doble vara de medir?
La aparente apertura de Sánchez hacia la ultraderecha en Europa contrasta con su postura en España, donde excluye categóricamente a Vox de cualquier acuerdo político. Esta contradicción no ha pasado desapercibida, especialmente entre sus críticos. La ministra portavoz Pilar Alegría ha intentado justificar la estrategia del Ejecutivo, calificándola como un «ejercicio de responsabilidad», aunque mantiene la exclusión de Vox en el ámbito nacional.
Sin embargo, la falta de claridad en el discurso del Gobierno genera preguntas: ¿es coherente defender una postura tan rígida frente a la derecha en España mientras se negocia con ellos en Europa? Para muchos, la respuesta parece evidente: el pragmatismo político ha terminado imponiéndose sobre la palabra dada.
