La propuesta de Pedro Sánchez para crear una gran empresa pública de vivienda ha desatado críticas y dudas sobre su viabilidad. A más de un año y medio del anuncio de la movilización de viviendas de la Sareb, los resultados son mínimos, mientras que el mercado sigue enfrentando graves problemas de acceso. Esta nueva iniciativa parece más un recurso político que una solución real.
La Sareb y el eterno problema de los activos inmobiliarios
La Sareb, conocida como el «banco malo», fue creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos heredados de la crisis financiera. Aunque su objetivo inicial era liquidar estos bienes y recuperar parte de la deuda pública, la realidad ha sido mucho más compleja. En la actualidad, la Sareb aún cuenta con más de 38.000 viviendas y terrenos que no han encontrado salida.
Los retos de la Sareb:
- Ubicaciones poco atractivas: Muchos inmuebles están en zonas de escaso interés comercial.
- Falta de habitabilidad: Numerosos activos necesitan grandes inversiones para ser habitables.
- Estrategia fallida: Los intentos de colaboración público-privada, como el Proyecto Viena, apenas han tenido impacto.
A menos de tres años de su cierre definitivo, el destino de la Sareb sigue siendo incierto. El traspaso de sus problemas a una nueva empresa pública no parece resolver el problema de fondo.
Competencias autonómicas y conflictos legales
Uno de los principales problemas de esta nueva propuesta es el conflicto con las competencias autonómicas. Según el artículo 148 de la Constitución Española, la vivienda es una materia transferida a las comunidades autónomas. Esto genera tensiones, especialmente con gobiernos regionales que consideran la medida una invasión de competencias.
Precedentes legales:
- La Ley de Vivienda ha enfrentado recursos y polémicas por invadir las competencias autonómicas.
- El Tribunal Constitucional avaló parte de la normativa, pero reconoció límites claros en la gestión de vivienda protegida y parques públicos.
Sin una coordinación efectiva entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, el éxito de este proyecto es dudoso.
Comparativa europea: España, a la cola en vivienda social
España necesita aumentar su parque de vivienda social en un 8 % anual para acercarse a la media europea, según datos del Observatorio de la Vivienda y el Suelo. Mientras que países como Países Bajos o Suecia cuentan con modelos más intensivos de intervención estatal, en España, la gestión depende mayoritariamente de comunidades autónomas y ayuntamientos.
En este contexto, las promesas de Sánchez parecen desconectadas de la realidad del mercado y de las necesidades sociales.
No moleste
La empresa pública de vivienda de Sánchez se presenta como una solución a los problemas de acceso a la vivienda, pero en realidad añade más complejidad a una situación ya complicada. La falta de detalles concretos, los conflictos legales y los escasos resultados previos dejan claro que esta propuesta es más una herramienta política que una solución práctica. España necesita reformas estructurales y coordinación efectiva, no promesas vacías.
