La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue revelando detalles que podrían resultar clave en el caso de corrupción que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez. Las pruebas incautadas durante los registros en las propiedades del empresario Víctor de Aldama comienzan a perfilarse como posibles respaldos de su propia confesión ante el juez. Este caso, que involucra sobornos, comisiones ilegales y tratos políticos opacos, está atrayendo una creciente atención pública.
Un registro extenso: dispositivos y documentos incautados
El 20 de febrero, los agentes de la UCO registraron el domicilio de Aldama en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y las oficinas de sus empresas en la calle Antonio Maura de la capital. El volumen del material incautado es considerable: 170 dispositivos digitales y múltiples bolsas de documentos físicos, incluyendo discos duros, ordenadores, teléfonos móviles y archivadores.
Entre las pruebas recopiladas figuran documentos financieros, correos electrónicos y anotaciones relacionadas con la trama de las mascarillas que dio origen al caso. Estas evidencias podrían ayudar a confirmar las declaraciones que Aldama realizó en la Audiencia Nacional, donde implicó directamente a altos cargos del Gobierno, como el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
¿Qué ha confesado Aldama ante el juez?
Durante su declaración, Víctor de Aldama ofreció detalles que apuntan a un entramado de corrupción con múltiples ramificaciones. Afirmó que mantuvo reuniones personales con figuras clave del Ejecutivo, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quienes presentó proyectos como el rescate de Air Europa y un plan de «pueblos temáticos» en la España vaciada. Incluso mencionó encuentros con Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
Además, Aldama señaló directamente a José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García, como actores principales en la trama de las mascarillas. Según el empresario, estas reuniones derivaron en comisiones millonarias a cambio de favores políticos, que incluyeron la compra de propiedades y el pago de alquileres de lujo vinculados al exministro.
La trama de las mascarillas y los nombres señalados
El caso de las mascarillas es uno de los ejes principales de la investigación. Según los correos electrónicos y documentos incautados, la red gestionada por Aldama habría generado beneficios ilícitos de hasta 5,8 millones de euros. En el sumario judicial figuran pruebas de sobornos presuntamente dirigidos a José Luis Ábalos y su círculo cercano. Entre las acusaciones más llamativas destacan:
- El chalet en Cádiz: un supuesto soborno a Ábalos a través de la adquisición de una propiedad financiada con comisiones ilegales.
- El alquiler de un piso de lujo: para la pareja del exministro, también vinculado a pagos corruptos.
- Negociaciones irregulares: con altos cargos del Gobierno para obtener contratos durante la pandemia.
Por otro lado, el papel de Koldo García como «recaudador» de comisiones ha sido señalado tanto en los informes policiales como en la declaración de Aldama. El empresario lo describe como una figura clave que le introdujo en las altas esferas del poder político.
Los registros en Alicante: el nexo de Koldo García
Simultáneamente al registro en las propiedades de Aldama, la UCO entró en el domicilio de Koldo García en Alicante, donde hallaron pruebas que podrían confirmar las declaraciones del empresario. Los agentes incautaron 23 teléfonos móviles, 13 discos duros, una grabadora digital y una libreta con anotaciones que mencionan pagos en efectivo.
Estas pruebas, según los investigadores, podrían ser determinantes para esclarecer el papel de García como intermediario en la red de corrupción. Además, el exministro Ábalos solicitó al juez la devolución de dos pendrives que, según él, contienen información «privada y personalísima» guardada por García, lo que ha generado aún más dudas sobre su implicación en el caso.
Pedro Sánchez niega las acusaciones
Ante las declaraciones de Aldama, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado categóricamente cualquier vínculo con la trama y ha restado credibilidad a las acusaciones, calificándolas de «mentira» y «una inventada». No obstante, Aldama se ha mostrado desafiante y ha declarado públicamente que tiene pruebas para respaldar su confesión: «Si no, no lo diría».
Mientras tanto, fuentes cercanas a la investigación han advertido que aún quedan informes y dispositivos por analizar, por lo que no se descarta que nuevas revelaciones puedan cambiar el curso del caso.
Una trama por resolver
El caso Víctor de Aldama es, sin duda, uno de los mayores desafíos legales y políticos para el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque las pruebas recopiladas por la UCO aún están siendo analizadas, las conexiones entre el empresario, los altos cargos políticos y las acusaciones de sobornos han despertado un gran interés mediático y ciudadano. Por ahora, el desenlace queda en manos de la justicia, que deberá determinar hasta qué punto las declaraciones de Aldama coinciden con las pruebas recabadas.
