Polémica decisión judicial en Mallorca
La jueza de guardia ha ordenado la puesta en libertad sin ningún tipo de medidas preventivas a los integrantes de una de las bandas de carteristas internacionales más activas en Mallorca. Esta controvertida decisión, provocada por la falta de solicitud de medidas por parte de la Fiscalía, ha generado un gran descontento entre los investigadores y una evidente indignación en las filas policiales. Nadie comprende por qué la jueza decidió no enviar a prisión a los cabecillas de la banda ni aplicar ninguna medida cautelar.
Defensa y decisión judicial
Los detenidos, representados por el abogado Miguel Ángel Ordinas, se acogieron a su derecho de no declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor. La jueza resolvió dejarlos en libertad sin imponerles ninguna medida preventiva. Además, rechazó imponer una orden de alejamiento del centro de Palma y de las zonas turísticas a los miembros del grupo criminal, descartando también su ingreso en prisión.
Detalles de la operación policial
El operativo policial que condujo a la detención de los sospechosos tuvo lugar este pasado martes por la mañana. El Grupo de Investigación Centro, en colaboración con la Policía Local de Palma, llevó a cabo una operación contra el crimen organizado, realizando una entrada y registro en una finca ocupada en Campos, que resultó ser el centro de operaciones de una de las mayores redes de carteristas a nivel internacional.
Modus operandi de la banda
Durante la operación, se desarticuló un grupo criminal muy activo y se detuvo a cuatro personas: tres hombres y una mujer, todos de origen rumano. Estos individuos están acusados de pertenecer a un grupo criminal y de cometer estafas y hurtos de manera sistemática en las zonas más concurridas del centro de Palma. Los arrestados seleccionaban principalmente a turistas de mediana y avanzada edad, y actuaban en lugares como La Seu, Plaza de España, centros comerciales, Passeig Marítim y Platja de Palma, así como en otros puntos turísticos de Mallorca.
El modus operandi del grupo se basaba en un sofisticado reparto de tareas. Operaban en equipos de dos o tres personas. Mientras uno de los integrantes se situaba delante de la víctima para ralentizar su marcha, otro, conocido en el argot policial como «picador», se colocaba detrás para sustraer la cartera. Esta banda obtenía beneficios diarios que oscilaban entre los 500 y 1.000 euros por persona, superando los 10.000 euros al día.
