La situación ha puesto en el centro del debate al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la crisis. A pesar del caos y las críticas, ningún funcionario ha dimitido, y el Gobierno de Pedro Sánchez sigue insistiendo en responsabilizar a Mazón, mientras el Partido Popular evalúa si quitarle el mando.
Hace ya una semana que el peor desastre natural de la historia reciente de España dejó 215 víctimas mortales, de las cuales 211 han sido encontradas en la provincia de Valencia.
Moncloa y Génova, entre reproches y tensiones
La polémica gestión de la emergencia ha puesto al presidente autonómico, Mazón, bajo el foco de las críticas de Moncloa, que insiste en que las decisiones deben ser lideradas por el gobierno local, como dictan las normas de emergencia. Sin embargo, el Partido Popular, en voz de su líder Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado al Gobierno que declare el estado de emergencia, lo que desplazaría la dirección de la crisis a nivel nacional y quitaría a Mazón de la primera línea en la gestión.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno central está dispuesto a colaborar, pero defendió que, según la ley, la Comunidad Valenciana debe liderar las acciones. Por su parte, Feijóo ha optado por rebajar el tono y condenar cualquier violencia en las protestas, instando a la unidad en la gestión de esta tragedia.
Mazón contraataca y exige ayuda al Gobierno central
Carlos Mazón no ha dudado en pasar al contraataque. En recientes declaraciones, cuestionó el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismos que dependen del Gobierno central. Además, Mazón ha solicitado al Estado un paquete de ayuda de 31.402 millones de euros para poner en marcha un plan de recuperación que incluye 136 medidas para la reconstrucción de las zonas afectadas.
La respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar fue directa: la entidad aclaró que no tiene competencia para emitir alertas hidrológicas públicas, pues esa responsabilidad recae en las autoridades de protección civil. Asimismo, la UME subrayó que la autorización para intervenir corresponde al gobierno autonómico, y sin esta no pueden actuar.
Un liderazgo en entredicho
La falta de respuesta rápida y las confusiones en la cadena de mando han puesto a Mazón en una situación complicada, especialmente después de que se revelara que el presidente valenciano llegó tarde a la reunión del CECOPI, el órgano de coordinación de emergencias, el día de la tragedia. Este hecho ha alimentado las críticas sobre su capacidad para liderar en momentos de crisis.
A una semana de la catástrofe, la falta de dimisiones o de una declaración de emergencia nacional reflejan la tensión y el cruce de responsabilidades entre el Gobierno central y la Comunidad Valenciana. La situación sigue siendo delicada, con una ciudadanía que demanda más eficacia y compromiso en la gestión de esta tragedia.
