El Tribunal Supremo ha recibido este viernes un documento explosivo presentado por el exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que señala directamente a Moncloa en las presuntas filtraciones dirigidas contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El acta notarial, obtenida por El Confidencial, incluye una conversación clave entre Lobato y Pilar Sánchez Acera, colaboradora de confianza de Óscar López, quien en aquel momento era jefe de Gabinete en Moncloa. Según el contenido revelado, Sánchez Acera envió un correo el 14 de marzo que contenía información confidencial sobre González Amador, procedente de un documento presentado por su defensa ante la Fiscalía.
En dicho correo, Sánchez Acera subrayó la importancia de manejar los datos personales con precaución, pero también alentó a utilizar la información para lanzar un ataque político: «Se puede sacar. Sácasela en la pregunta. Un ‘¿quién miente, señora Ayuso, usted o su novio?’ Parece que usted [sic]. La imagen con la carta es potente», escribió.
¿Ataque premeditado desde Moncloa?
Las revelaciones ponen en jaque al Gobierno central y refuerzan las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre una campaña de desprestigio organizada desde las altas esferas políticas. Desde el Partido Popular, no han tardado en exigir explicaciones, calificando la situación de un “abuso de poder intolerable”.
El documento también deja en evidencia la estrategia mediática y política que habría sido diseñada para generar dudas sobre la integridad de Díaz Ayuso y su entorno personal. La filtración, según las fuentes, fue orquestada para ser explotada en un momento clave del enfrentamiento político entre la presidenta madrileña y Moncloa.
Consecuencias políticas y legales
Este acta notarial podría suponer un terremoto político, no solo para el PSOE de Madrid, sino para el Gobierno central. De confirmarse las acusaciones, implicaría un uso indebido de información sensible con fines partidistas, lo que podría derivar en graves consecuencias legales y reputacionales para los implicados.
Mientras tanto, Moncloa guarda silencio, y el Partido Popular refuerza su narrativa sobre un intento de manipulación política desde el Ejecutivo central, aumentando la presión para que se investigue a fondo el caso.
