El Gobierno de España, aun siendo consciente de la complejidad y gravedad de la situación en Valencia tras el impacto de la DANA el pasado 29 de octubre, optó por no intervenir directamente en la gestión de la crisis, dejando el control en manos de Carlos Mazón y la Generalitat Valenciana. La decisión de Moncloa, argumentan fuentes del Ejecutivo, responde al compromiso con el respeto a las competencias autonómicas y a la intención de evitar un conflicto institucional en un momento de emergencia.
La Generalitat desbordada y la tardía reacción ante la DANA
Los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) días antes del desastre alertaban sobre la magnitud de la tormenta que afectaría la Comunidad Valenciana. Sin embargo, según se ha revelado, la Generalitat Valenciana no activó el protocolo de emergencia hasta más de 12 horas después de los primeros informes, dejando en evidencia la falta de coordinación. Pese a estos indicios de desbordamiento, Moncloa prefirió no asumir el liderazgo de la situación, confiando en que la administración autonómica podía manejar la emergencia.
La decisión política de Moncloa y la polémica sobre la cogobernanza
Desde el Gobierno central se ha defendido la decisión de no tomar el control de la crisis de la DANA, una postura en línea con la estrategia de cogobernanza que, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, es esencial en un Estado descentralizado como España. Aunque algunas voces han criticado la falta de acción de Moncloa, señalando que se podrían haber evitado consecuencias trágicas, el Ejecutivo sostiene que el respeto a las competencias autonómicas es prioritario para preservar la cooperación entre administraciones.
El presidente Sánchez, en una rueda de prensa reciente sobre el paquete de ayudas a las víctimas de la DANA, reiteró que “todos somos Estado” y defendió la capacidad de respuesta del modelo autonómico.
Asimismo, instó a posponer el debate político y centrarse en atender a los damnificados y en la reconstrucción.
Críticas por la falta de previsión y coordinación
La Generalitat Valenciana, encabezada por Mazón, ha sido cuestionada por su tardía reacción y la falta de coordinación en la activación de recursos de emergencia, como el sistema de alertas ES-Alert, que se envió más de 12 horas después del primer aviso de riesgo. Fuentes de la administración central revelaron que Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, intentó coordinar con la Generalitat en reiteradas ocasiones antes de la tragedia, pero las comunicaciones no fueron plenamente efectivas.
Un futuro de evaluación y posibles repercusiones judiciales
Desde Moncloa se espera que la gestión política de esta crisis pueda judicializarse. No obstante, el Ejecutivo defiende haber actuado dentro del marco constitucional, cumpliendo su función de emitir las alertas y poner a disposición los recursos necesarios sin invadir las competencias autonómicas. Esta estrategia, aseguran, responde a un compromiso con la descentralización y con la cohesión institucional en momentos de crisis.
