La alarma ante la creciente inmigración ilegal en Europa impulsa a distintos países del continente a tomar medidas. Esta vez, el gobierno de los Países Bajos ha decidido restablecer los controles fronterizos internos a partir del 9 de diciembre, con el objetivo de gestionar el ingreso de inmigrantes ilegales y fortalecer la seguridad nacional.
Marjolein Faber, ministra de Asilo y Migración del Partido por la Libertad (PVV) liderado por Geert Wilders, promovió esta iniciativa. El Consejo de Ministros aprobó la medida, que se implementará inicialmente por seis meses. El gobierno deja claro que quiere controlar de manera efectiva el flujo migratorio dentro de sus fronteras y prevenir la entrada de personas que no cumplen con las condiciones de estancia en el país. Para ello, coordinará sus acciones con las normativas de la Unión Europea y los acuerdos con países vecinos como Bélgica y Alemania.
Faber insiste en la urgencia de estas medidas y afirmó en su intervención en el Parlamento que se encuentra determinada a «hacer lo que sea necesario» para reducir la inmigración ilegal. “Llevo meses escuchando que no es posible, que no está permitido, pero no me voy a rendir”, declaró la ministra.
Una tendencia en aumento en Europa
Países Bajos no es el único país en Europa que implementa controles fronterizos temporales en respuesta a los retos migratorios y de seguridad. Alemania, Austria, Francia y Dinamarca también establecieron controles selectivos en sus fronteras, argumentando preocupaciones relacionadas con la seguridad y el orden público. Por ejemplo, Alemania introdujo en septiembre controles obligatorios para quienes ingresan desde países vecinos, mientras que Dinamarca cita las amenazas de terrorismo y crimen organizado como razones para sus recientes restricciones fronterizas.
El gobierno neerlandés recalca que esta reintroducción de controles representa una medida «excepcional y temporal» y que coordinarán sus acciones con sus vecinos europeos. Los controles se ampliarán según las necesidades operativas y se prevé que concluyan a mediados de 2025, a menos que las autoridades decidan su renovación o extensión en función de la situación migratoria en Europa.
