Pedro Sánchez enfrenta uno de sus momentos políticos más delicados tras la devastación causada por la DANA en Valencia. El presidente ha instado a los grupos parlamentarios a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, necesarios para financiar las ayudas a los afectados y reforzar la estabilidad de su gobierno. La catástrofe, que ya ha provocado pérdidas millonarias y destrucción a gran escala, ha empujado al Ejecutivo a implementar un paquete de ayudas inicial de 10.600 millones de euros, declarado como “zona catastrófica”.
Desde la Moncloa, Sánchez advirtió de que serán necesarios “muchos recursos económicos” para abordar la crisis, y que los PGE facilitarán una respuesta más ágil y efectiva. Sin embargo, la aprobación de estas cuentas sigue en duda, especialmente ante la resistencia de algunos de sus socios y la oposición del Partido Popular, que acusó al Gobierno de «utilizar a las víctimas de la DANA» para avanzar en su agenda presupuestaria.
El contexto político complica la aprobación de los Presupuestos
El Gobierno se encontraba ya debilitado, con fricciones internas y casos judiciales complicados, como el del exministro José Luis Ábalos, cercano a la imputación por un escándalo de comisiones durante la pandemia, y la dimisión de Íñigo Errejón por acusaciones de violencia machista. Estas circunstancias han complicado aún más el apoyo a los Presupuestos, y algunos socios parlamentarios, como Podemos y ERC, cuestionan que nuevas ayudas deban condicionarse a la aprobación de los PGE. En cambio, otros partidos, como Compromís y EH Bildu, consideran razonable que los Presupuestos incluyan fondos adicionales para la Comunidad Valenciana.
A pesar de la compleja situación, el Gobierno espera que el primer paquete de ayudas para los afectados, que incluye apoyo económico directo a pymes y autónomos, sea respaldado mayoritariamente en el Congreso, como un paso inicial para atender a los damnificados por esta histórica catástrofe.