La Unión Europea ha aprobado un recorte del 66% en las cuotas de pesca en el Mediterráneo para 2025. Esta medida, impulsada bajo el argumento de la sostenibilidad ambiental, supone un duro golpe para Baleares, cuya economía pesquera ya se encuentra en una situación crítica. Además, se ha impuesto una reducción adicional del 10% en la captura de gamba blanca y gamba roja para el próximo año, afectando a dos de las especies más valiosas para los mercados y restaurantes locales.
El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha reconocido que, si bien se evitó la amenaza inicial de un recorte del 79%, la reducción del 66% sigue siendo devastadora. «La amenaza no se ha eliminado, solo se ha esquivado», admitió Simonet, subrayando que las medidas necesarias para mantener los días de pesca actuales son «difíciles de implementar» y requerirán inversiones considerables.
Gobernar en Europa: PSOE y PP, aliados en un modelo fallido
Lo que muchos desconocen es que las medidas aprobadas en Europa son el resultado de acuerdos alcanzados entre las dos grandes fuerzas políticas de España, PSOE y PP, que gobiernan en Bruselas como aliados en un modelo centralizado que ignora las realidades de los territorios. Mientras que en España ambas formaciones simulan una confrontación irreconciliable, en la UE trabajan codo con codo para imponer decisiones que impactan negativamente en regiones como Baleares.
La falta de una postura firme por parte del Gobierno español y de las comunidades autónomas, que deberían defender los intereses locales, pone en evidencia la absoluta desconexión entre las políticas europeas y las necesidades del sector pesquero balear.
Un sector pesquero al borde de la extinción
El recorte aprobado no solo pone en peligro la viabilidad económica de las flotas pesqueras de Baleares, sino que amenaza con desmantelar una tradición que ha sido parte esencial de la identidad de las islas. La dificultad de adoptar las medidas de sostenibilidad impuestas, como el uso de mallas más grandes o vedas prolongadas, añade una carga económica inasumible para muchos pescadores. El resultado es una mayor dependencia de productos importados y la pérdida de acceso a alimentos frescos y de calidad.
Representantes del sector, como Cepesca, han advertido que las nuevas condiciones son insostenibles. «Si implementamos mallas más grandes, no habrá peces que capturar», señaló el secretario general de la organización, Javier Garat, reflejando el malestar y la incertidumbre entre los pescadores.
La pérdida de soberanía de España
Este episodio pone de manifiesto una realidad inquietante: la pérdida total de soberanía en España y la ineficacia de las comunidades autónomas para proteger los intereses de sus territorios. Decisiones clave, como las cuotas de pesca, se toman en Bruselas, bajo la influencia de intereses que poco tienen que ver con las necesidades locales. Baleares, una región con una rica tradición pesquera, queda a merced de un modelo europeo que prioriza la uniformidad frente a la diversidad.
Es hora de preguntarse si el sistema actual es realmente efectivo para defender los intereses de España y, en particular, de regiones como Baleares. Mientras PSOE y PP trabajan juntos en Europa para imponer estas políticas, los ciudadanos y los sectores económicos más vulnerables quedan abandonados a su suerte. La pesca en Baleares no puede ser sacrificada en nombre de una sostenibilidad mal entendida que, lejos de proteger, destruye riqueza social, económica y perjudica a la sociedad privandola de productos de la tierra de calidad.
