La Unión Europea (UE) podría sancionar a España por el retraso en la actualización de sus planes de gestión de riesgos de inundaciones y de cuencas hidrográficas, compromisos clave para la protección ambiental y la prevención de riadas. Esta situación, que se encuentra en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), responde a un expediente abierto por la Comisión Europea ante la falta de avances por parte de España, país que acumula numerosos incumplimientos en materia medioambiental.
El Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, es el encargado de cumplir con estas obligaciones. Sin embargo, las críticas hacia su gestión han aumentado, especialmente después de las recientes inundaciones que dejaron 223 fallecidos y miles de damnificados. Aunque la ministra continúa en su aspiración de convertirse en vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, su gestión del agua y de las políticas de protección fluvial está bajo escrutinio, con consecuencias que podrían implicar fuertes sanciones económicas para España.
Procedimientos de infracción en temas ambientales
Actualmente, España afronta 25 procedimientos de infracción abiertos en la UE, relacionados con incumplimientos en la adaptación de normativas ambientales y climáticas. Algunos de estos procedimientos datan de hace varias décadas, destacándose el caso de la depuración de aguas residuales, en el que España fue condenada en 2018 con una multa semestral que, hasta la fecha, ha costado al país cerca de 90 millones de euros.
La legislación europea exige que los países miembros revisen y presenten cada seis años informes sobre sus planes hidrológicos y de gestión de inundaciones. Estos planes son esenciales para asegurar la calidad y cantidad de los recursos hídricos, así como para proteger a las poblaciones en riesgo de fenómenos climáticos extremos. Pese a los plazos establecidos, España ha incurrido en reiterados retrasos y omisiones, lo cual compromete su capacidad para prevenir desastres hídricos.
El impacto de las directivas en la gestión de inundaciones
Las normas europeas, como la Directiva Marco sobre el Agua y la Directiva sobre Inundaciones, establecen estrictos plazos para actualizar los planes de gestión de cuencas hidrográficas. Estas directivas son fundamentales para el control de la calidad del agua y la mitigación de riesgos. La Comisión Europea envió a España varias advertencias previas, incluida una carta de emplazamiento en febrero de 2023 y dictámenes motivados en septiembre del mismo año, pero la falta de respuesta efectiva ha forzado a la Comisión a llevar el caso ante el TJUE.
Posibles sanciones y el futuro de la gestión hídrica en España
De ratificarse los incumplimientos, España podría enfrentarse a multas adicionales que impactarían en sus finanzas públicas y, a largo plazo, en su capacidad de adaptación climática. La correcta gestión del agua y el cumplimiento de las normativas europeas en este ámbito se han vuelto más relevantes que nunca, especialmente considerando el aumento de los eventos climáticos extremos y la responsabilidad de España en el contexto del Pacto Verde Europeo.
