En un hecho sin precedentes en la democracia española, el Tribunal Supremo ha ordenado a la Guardia Civil el registro del despacho de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por una investigación que lo acusa de revelar información confidencial. El juez instructor, Ángel Hurtado, ha dado el visto bueno a esta diligencia que pretende esclarecer una presunta filtración de datos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El registro en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo lugar este miércoles, donde los agentes de la Guardia Civil se incautaron de los dispositivos electrónicos de García Ortiz. La información recopilada será clave en la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario para garantizar la integridad de las pesquisas.
Correo privado en el punto de mira
El caso también analiza el uso de un correo personal de García Ortiz, con dominio de Gmail, para recibir información delicada. Según fuentes judiciales, García Ortiz habría solicitado a sus subordinados que le remitieran correos vinculados a la causa a su cuenta personal, escapando así del control de seguridad oficial de la institución. Los abogados de González Amador han solicitado a Google España acceso a los correos enviados y recibidos en el periodo específico de marzo de 2024.
Este caso marca un antes y un después en la Fiscalía, dado que García Ortiz, en su rol de defensor de la legalidad, enfrenta una investigación por una presunta infracción cometida en el ejercicio de su cargo. La investigación del Tribunal Supremo busca determinar si hubo filtraciones previas a la publicación oficial que habrían incumplido el deber de custodia de la información confidencial.
