El expresidente y ahora presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que, tan pronto como asuma nuevamente el cargo en enero, declarará el estado de emergencia nacional para implementar un programa de deportación masiva de inmigrantes ilegales. La decisión, que ya ha generado un intenso debate, es parte de su promesa electoral para reforzar las fronteras y garantizar la seguridad nacional.
Estado de emergencia y militares para ejecutar el plan
Trump confirmó su intención a través de su cuenta en Truth Social, respaldando un informe de Tom Fitton, representante de la fundación conservadora Judicial Watch. Según Fitton, el nuevo Gobierno estaría considerando el uso de los militares como parte del operativo para acelerar las deportaciones. Este enfoque se alinea con las recientes declaraciones de Trump, quien ha reiterado su compromiso con la promesa de realizar «la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos».
Equipo de gobierno enfocado en la seguridad fronteriza
El futuro equipo de Trump ya está dando señales claras de su intención de priorizar la lucha contra la inmigración ilegal. Una de las figuras clave será Tom Homan, designado como «zar de las fronteras». Homan, antiguo director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha defendido durante años la necesidad de deportaciones masivas para proteger la seguridad nacional.
Además, Stephen Miller, asesor cercano a Trump, ocupará el cargo de subdirector de políticas de la Casa Blanca. Miller, conocido por su visión conservadora sobre la inmigración, ha defendido en repetidas ocasiones la idea de que «Estados Unidos es para los estadounidenses».
Una prioridad para los votantes estadounidenses
La inmigración ilegal fue uno de los temas centrales de la campaña de Trump, junto con la economía. Según estimaciones, actualmente hay 11 millones de inmigrantes ilegales viviendo en Estados Unidos, y el nuevo Gobierno considera que esta situación representa un riesgo para los trabajadores y la seguridad del país.
Durante un mitin, J.D. Vance, vicepresidente electo y compañero de fórmula de Trump, sugirió que el programa podría empezar con la deportación de un millón de personas al año. Según Vance, reducir la mano de obra ilegal también beneficiará a los trabajadores estadounidenses al mejorar sus condiciones salariales y laborales.
