La deuda asciende a 23,51 millones de euros, lo que podría traducirse en importantes pérdidas para los activos españoles en territorio estadounidense.
¿Por qué debe España millones a JGC?
El conflicto se remonta a la decisión del Gobierno español de cambiar las reglas del sector energético, eliminando incentivos a las energías renovables de manera retroactiva. Esto violó las garantías de seguridad jurídica que España había prometido en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), afectando a inversores extranjeros como JGC.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de la empresa japonesa, otorgándole el derecho a recibir 23,51 millones de euros, más intereses por el retraso en los pagos, y el reembolso de sus gastos legales. Esta decisión legal, que avala los derechos de los inversores, podría tener graves consecuencias para España si no cumple con sus obligaciones.
La justicia estadounidense no da tregua a España
El juez federal Rudolph Contreras dictaminó que el laudo debe ser reconocido y ejecutado como si fuera una sentencia estadounidense, apoyándose en los compromisos internacionales del convenio Ciadi. Esta decisión desestima los intentos del Gobierno español de frenar el proceso, defendiendo que la justicia de Estados Unidos no debería interferir en este tipo de asuntos.
¿Qué puede pasar a continuación?
Este fallo podría abrir la puerta a que otros inversores, perjudicados por la misma medida del Gobierno, inicien procedimientos similares para embargar activos españoles en otros países. De hecho, ya ha ocurrido en Bélgica y Reino Unido, y es probable que veamos más casos en el futuro.
Con esta medida, los activos comerciales de España en Estados Unidos están en riesgo, y el precedente podría tener un impacto significativo en las relaciones comerciales internacionales.
