El asesinato de Rosario Díaz en Palma no es solo un acto de violencia machista, es el resultado de un sistema judicial que no funciona con la rapidez necesaria para proteger a las víctimas. Su agresor, un hombre con antecedentes de violencia grave, estaba en libertad provisional porque la justicia no había dictado una sentencia firme tras su última agresión. Si el sistema judicial hubiese actuado con celeridad, Rosario estaría viva. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto?
Rosario Díaz: una víctima del colapso judicial
El caso de Rosario Díaz expone de manera desgarradora cómo la lentitud de la justicia convierte a los delincuentes en una amenaza constante. Su asesino había sido detenido previamente por un ataque violento, lo que debía haber bastado para mantenerlo en prisión. Sin embargo, mientras el sistema judicial aplazaba decisiones, él caminaba libre y volvió a atacar, esta vez con un desenlace fatal.
Este no es un caso aislado. Decenas de mujeres en España viven bajo el mismo riesgo porque las medidas judiciales llegan tarde, y los agresores reinciden. La historia de Rosario es un ejemplo extremo, pero real, de cómo la ineficacia judicial cobra vidas humanas.
El Estado y su responsabilidad: una justicia sin medios ni prioridades claras
La administración de justicia en España es una de las peores dotadas del sistema público. Jueces, fiscales y auxiliares administrativos trabajan bajo presión, mal pagados a excepción de jueces y fiscales y con recursos insuficientes. Esta precariedad estructural lleva a retrasos que, como en el caso de Rosario, pueden resultar mortales.
Pero no es solo una cuestión de recursos. Las prioridades del Gobierno actual han estado más enfocadas en controlar el aparato judicial que en garantizar su eficiencia. Mientras se debaten reformas para influir en los órganos judiciales, los tribunales siguen colapsados y los ciudadanos sufren las consecuencias de esta desatención.
Agresores en libertad: el precio de la inacción
Rosario Díaz no murió por azar. Su asesino estaba en la calle porque el sistema judicial no actuó a tiempo. Este patrón no solo afecta a los casos de violencia de género, sino también a delincuentes reincidentes de todo tipo. Cada vez que se pospone una sentencia, se deja a la sociedad expuesta a criminales peligrosos.
En el caso de Rosario, el agresor era conocido tanto por su historial de violencia como por sus antecedentes delictivos. Sin embargo, ni la policía ni el sistema judicial tuvieron los medios o el respaldo político para actuar con la contundencia necesaria. Este vacío institucional es el verdadero culpable.
Políticas permisivas: la combinación mortal
Otro aspecto que agrava esta situación es la permisividad de las políticas actuales. No solo se trata de la lentitud de la justicia, sino de un enfoque político que prioriza mantener delincuentes habituales dentro del sistema en lugar de expulsarlos o condenarlos rápidamente. El asesino de Rosario, con un historial de delitos previos, es un ejemplo claro de cómo las políticas de «buenismo» terminan protegiendo a los agresores más que a las víctimas.
La policía, limitada por estas directrices, no pudo actuar preventivamente pese a conocer la peligrosidad del individuo. Esto, combinado con la inacción judicial, creó el escenario perfecto para que este asesino estuviera libre y cometiera un crimen que era totalmente evitable.
Las consecuencias de un sistema fallido
La muerte de Rosario Díaz es el precio más alto que se paga por un sistema judicial colapsado y unas políticas gubernamentales desorientadas. No solo perdemos vidas, sino también confianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Este caso pone en evidencia cómo la falta de celeridad judicial y la ausencia de reformas estructurales convierten a potenciales asesinos en una amenaza real. Mientras tanto, las víctimas quedan desprotegidas y las familias, destrozadas.
Un cambio necesario, urgente e inaplazable
El asesinato de Rosario Díaz no puede quedar como un número más en las estadísticas. Es urgente que el Gobierno asuma su responsabilidad y priorice una reforma del sistema judicial que garantice rapidez, eficacia y seguridad. Esto implica aumentar los recursos, modernizar las infraestructuras y, sobre todo, dejar de usar la justicia como un instrumento político.
Además, es imprescindible revisar las políticas de control migratorio y de reincidencia delictiva para evitar que individuos peligrosos sigan residiendo en España sin restricciones. Solo un cambio profundo podrá evitar que tragedias como la de Rosario Díaz se repitan.