En un contexto marcado por la descoordinación institucional y la falta de responsabilidad, como quedó evidenciado en la reciente crisis de Valencia, el PSOE propone un modelo que parece profundizar en los problemas actuales. Con medidas como la federalización fiscal, la jornada laboral de 36 horas y el reparto obligatorio de beneficios empresariales, el partido abandera un cambio que, lejos de solucionar los desafíos del país, podría agudizarlos.
“Quien controla el presente controla el pasado. Y quien controla el pasado controlará el futuro”.
(George Orwell, en su novela «1984») https://t.co/168wU3KMHs— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 30, 2024
Más competencias, menos responsabilidad: el modelo que perpetúa el caos
La reciente crisis de Valencia evidenció cómo las administraciones se escudan en el reparto de competencias para eludir responsabilidades, generando una desconfianza creciente en las instituciones. En este contexto, la propuesta del PSOE de «federalizar» Hacienda y dar más capacidad de decisión a las autonomías no parece dirigida a mejorar la coordinación ni la eficiencia. Al contrario, plantea un modelo que, en lugar de fortalecer la unidad de acción, podría intensificar la fragmentación, dejando a los ciudadanos aún más desprotegidos frente a las ineficiencias del sistema.
El reparto de beneficios empresariales: intervencionismo sin garantías
Una de las propuestas estrella del PSOE es obligar por ley a las empresas con más de 250 trabajadores a repartir beneficios con sus plantillas. Según el partido, esta medida busca lograr una distribución más equitativa de la riqueza, pero en la práctica podría convertirse en un freno para la inversión y la creación de empleo. Las empresas, especialmente en un entorno económico globalizado, podrían optar por reducir su actividad en España o trasladarla a otros países con legislaciones menos intervencionistas. Mientras tanto, los trabajadores, supuestamente beneficiados, podrían enfrentarse a una mayor precariedad ante la reducción de oportunidades laborales.
Jornada de 36 horas: el coste oculto del populismo laboral
La reducción de la jornada laboral a 36 horas es otra propuesta que el PSOE presenta como un avance hacia el progreso. Sin embargo, esta medida, en un país donde las pequeñas y medianas empresas son el principal motor económico, podría derivar en un aumento insostenible de los costes laborales. A corto plazo, esto se traduciría en una menor competitividad de las empresas españolas, un incremento del desempleo y, paradójicamente, una mayor carga para las familias a través de impuestos que sostengan un modelo insostenible.
Más impuestos, más presión: el peso recae sobre los ciudadanos
El aumento de impuestos, con un nuevo tipo marginal del 50 % en el IRPF para rentas superiores a 300.000 euros anuales, parece una propuesta más ideológica que efectiva. Aunque el PSOE afirma que solo afectará a los «megarricos», este tipo de medidas suelen tener efectos secundarios que impactan negativamente en toda la economía. La fuga de capital y talento, combinada con la reducción de la inversión, podría hacer que el peso de los nuevos tributos recaiga finalmente sobre las clases medias, como ya ha sucedido en otros contextos similares.
Cataluña, el gran beneficiado de la «España federal» del PSOE
La reforma de la financiación autonómica, que según el PSOE garantizará más recursos para todas las comunidades, esconde un claro guiño a Cataluña. Bajo el pretexto de «armonizar» los tributos y dar más capacidad a las autonomías, el modelo propuesto refuerza las demandas nacionalistas en detrimento de la igualdad entre regiones. En lugar de un sistema más justo y solidario, el partido apuesta por medidas que perpetúan la asimetría y los privilegios, poniendo en peligro la cohesión territorial.
