El futuro político de José Luis Ábalos, exministro y antiguo número tres del PSOE, se complica aún más tras la apertura de nuevas investigaciones por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha iniciado una causa en su contra relacionada con los ingresos que Jésica Rodríguez, supuesta amante de Ábalos, habría recibido de las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Este caso se suma a otro proceso que enfrenta en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que traslade el expediente al Tribunal Supremo para imputarle delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el conocido «caso Koldo».
Contrataciones sospechosas y beneficios personales
La investigación sobre la contratación de Jésica Rodríguez comenzó tras una denuncia que presentó Luis María Pardo, presidente del partido Iustitia Europa, basada en informaciones de The Objective. Según estos informes, Rodríguez comenzó a recibir un salario público tras iniciar una relación sentimental con Ábalos, quien entonces ocupaba un cargo destacado en el gobierno de Pedro Sánchez. La joven obtuvo un puesto como auxiliar administrativa en la empresa pública Ineco, a pesar de que cursaba estudios de Odontología, sin ninguna relación con el sector de infraestructuras y transportes. Entre 2019 y 2021, cobró un salario mensual de 1.635 euros, según datos del Portal de Transparencia.
Después de finalizar su contrato en Ineco en marzo de 2021, Rodríguez consiguió un nuevo puesto en Tragsatec, otra empresa pública bajo el control de la SEPI y dependiente del Ministerio de Hacienda, por un periodo de seis meses. Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han revelado que Rodríguez habló con Ábalos para informarle del fin de su contrato, lo que provocó que el exministro gestionara su reubicación en otro empleo.
Relación personal y otros beneficios
El vínculo entre Rodríguez y Ábalos va más allá de cuestiones laborales. Según la UCO, Rodríguez también disfrutó de un apartamento en el centro de Madrid, cuyo alquiler financiaba la trama de Koldo García. El apartamento, situado en la Plaza de España, tenía un coste mensual de 2.700 euros, y el alquiler total durante 32 meses alcanzó los 88.000 euros. Los investigadores señalan que Víctor de Aldama, empresario relacionado con comisiones por contratos de mascarillas, cubría la renta a través de testaferros como su socio Luis Alberto Escolano y Joseba García, hermano de Koldo.
Además, se documentó que Rodríguez exigía grandes sumas de dinero a Ábalos para acompañarle en sus viajes oficiales y actos del partido. Según correos electrónicos revelados por The Objective, durante siete meses, solicitó un total de 39.300 euros a cambio de acompañarlo en 33 desplazamientos, tanto nacionales como internacionales. Aunque la relación personal entre ambos terminó, Rodríguez continuó recibiendo pagos mensuales de 4.000 euros hasta septiembre de 2021, para cubrir su alquiler y su salario en las empresas públicas.
Un futuro político en riesgo
Las múltiples causas judiciales que enfrenta Ábalos representan un desafío significativo para su carrera política, especialmente en relación con el caso Koldo y las contrataciones vinculadas a su relación con Rodríguez. Las acusaciones cuestionan su gestión y su influencia en la adjudicación de contratos públicos, complicando su situación legal y política.
