El Senado ha rechazado la reforma legal sobre el intercambio de información de antecedentes penales, la cual podría beneficiar a presos de ETA. Esta ley ahora regresa al Congreso para su aprobación final, basándose en un informe de los letrados de la Cámara Alta.
El informe explica que cuando la mayoría del Senado vota en contra de un texto, aunque no se presenten enmiendas, se entiende que la ley ha sido vetada.
VOX solicitó que si el texto obtenía una mayoría absoluta en contra, se considerara como un veto. Esto implica que la ley no aparecerá en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta que el Congreso levante el veto.
Los votos de rechazo provinieron de PP, VOX y UPN, mientras que PSOE, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y otros socios del Gobierno respaldaron la ley.
