Una decisión que se convirtió en pesadilla
Lo que comenzó como un acto de solidaridad terminó siendo una amarga experiencia para Basilia Rodríguez y su esposo. En 2018, confiaron en una ONG que les prometió respaldo legal y económico para alquilar su vivienda a una familia siria refugiada. Hoy, llevan más de tres años sin poder recuperar su casa en Valdemoro, enfrentando una deuda de 37.000 euros y una hipoteca que no pueden cubrir.
El inicio del conflicto
El piso, situado en una urbanización de lujo, fue arrendado con la promesa de que el alquiler estaría garantizado por el Estado. Sin embargo, los problemas comenzaron en menos de un año. Retrasos constantes en los pagos derivaron en el impago total a partir de abril de 2020. Las promesas de la ONG de intervenir resultaron inútiles, dejando a los propietarios en una situación desesperada.
Un sistema que no responde
La frustración de Basi creció al descubrir que la familia refugiada recibía más de 2.000 euros mensuales en ayudas públicas, mientras ellos debían trabajar incansablemente para pagar una hipoteca de 800 euros. «Mientras nosotros luchábamos por sobrevivir, ellos vivían mejor que nosotros, y en nuestra propia casa», lamenta.
A pesar de llevar el caso a los tribunales en 2021, el proceso legal ha resultado ineficaz. Tres años después, la familia sigue ocupando el inmueble, mientras los propietarios sienten que han sido abandonados por las instituciones.
Una lección amarga
El caso refleja las dificultades y riesgos que pueden enfrentar los propietarios en España al confiar en intermediarios sin las garantías adecuadas. Basi y su esposo no solo han perdido dinero, sino también la confianza en el sistema judicial y en la solidaridad institucional. “Nos aseguraron respaldo, pero nos dejaron solos”, concluye Basi.
