El Gobierno de Pedro Sánchez, con solo 147 diputados, ha presentado un ambicioso plan de reformas legislativas que supone un retroceso en derechos y libertades fundamentales, además de ser un ataque a la prensa libre. Este conjunto de reformas, conocido como el «Plan de Acción por la Democracia», ha generado controversia tanto por su contenido como por la precariedad del gobierno actual, que ha sufrido 35 derrotas parlamentarias en menos de un año de legislatura.
Un plan sin detalles y sin respaldo
A pesar de la magnitud de las reformas propuestas, que afectan leyes orgánicas y derechos fundamentales, el Ejecutivo no ha presentado documentación que respalde su propuesta, limitándose a ofrecer titulares grandilocuentes. En este escenario de incertidumbre, las críticas no se han hecho esperar, especialmente de aquellos que ven en este plan una estrategia para atraer apoyos independentistas.
¿Un ataque a la prensa libre?
El aspecto más polémico del plan es la creación de un registro de medios de comunicación. Aunque el gobierno lo presenta como una medida para combatir la desinformación, en la práctica podría significar una censura encubierta, limitando la libertad de prensa al restringir la publicidad institucional a aquellos medios que formen parte de dicho registro.
Reformas legales en el punto de mira
El plan incluye reformas a cuatro leyes orgánicas, entre ellas la ley de derechos de honor e intimidad y el Código Penal, y a tres leyes ordinarias, como la ley de secretos oficiales y la «ley mordaza». Además, el Ejecutivo intentará regular nuevamente las actividades de los lobbies, una promesa que quedó en el aire durante la legislatura pasada.
