La Guardia Civil investiga posibles irregularidades en la adjudicación de servicios de playas en Formentera, donde políticos, funcionarios y empresarios se encuentran en el punto de mira. La Unidad Central Operativa (UCO) examina el proceso de adjudicación llevado a cabo por el Consell de Formentera, con especial atención a las modificaciones del pliego de condiciones para los servicios de la temporada 2023-2028.
Esta investigación arrancó cuando el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, y el grupo Sa Unió presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, asegurando cada uno que la UCO respondió a sus respectivas denuncias. Agentes de la Guardia Civil ya interrogaron a varios consellers y funcionarios sobre estos hechos, aunque Córdoba, señalado en la denuncia de Sa Unió, aún no recibió una citación.
Tanto el pliego de condiciones como buena parte de estas adjudicaciones se llevaron a cabo en la pasada legislatura, gobernando GxF y el PSOE.
Las disputas en torno a estas adjudicaciones no se limitan a la legislatura anterior: el reciente proceso para adjudicar ocho quioscos en esta legislatura también ha generado polémica. Los consellers de Sa Unió, que entonces formaban parte del gobierno insular, defendieron que las decisiones de la Mesa de Contratación debían aprobarse en la Junta de Gobierno. Córdoba, sin embargo, apoyó lo contrario basándose en informes legales que sugerían declarar desierto el concurso. La tensión creció cuando varios empresarios recusaron a Córdoba, lo que llevó al presidente a apartarse de la decisión final, que finalmente quedó en manos de los consellers de Sa Unió.
Antiguos concesionarios de los servicios de playas también han llevado el asunto a los tribunales, denunciando las presuntas irregularidades. La UCO, en paralelo, continúa su investigación para esclarecer qué ocurrió en estas adjudicaciones que han destapado conflictos internos y tensiones políticas en Formentera.
