Jesús Manuel Gómez, ex subsecretario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, recientemente cesado por el ministro Óscar Puente, ha señalado ante el juez a los ministerios de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes como los encargados de las decisiones sobre la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Estas decisiones, según ha dicho, se tomaron en el marco de una “comisión interministerial”.
Gómez, investigado en el caso Koldo, declaró que fue Koldo García quien le presentó la oferta de Soluciones de Gestión, la empresa implicada en la trama. Según Gómez, García actuaba en nombre del entonces ministro José Luis Ábalos, quien le pidió que gestionara la compra de mascarillas al inicio de la crisis sanitaria.
La contratación de Soluciones de Gestión
El ex subsecretario explicó que transmitió la orden de contratar a Soluciones de Gestión a organismos como Puertos del Estado y Adif, que dependían de su Ministerio. Aunque la contratación de urgencia no exigía un análisis de solvencia, Gómez encargó a su equipo un informe para evaluar a la empresa.
Durante su gestión, el Ministerio de Transportes pagó 20 millones de euros a Soluciones de Gestión por la compra de ocho millones de mascarillas. Gómez justificó esta decisión ante el juez, argumentando la urgencia del momento y la necesidad de material sanitario debido a la pandemia.
Divergencias en las declaraciones
En cuanto a su relación con otros implicados, como Víctor de Aldama, Gómez afirmó no conocerlo ni haberlo visto en el Ministerio de Transportes. Sin embargo, la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, afirmó haber visto a Aldama frecuentemente en la misma planta donde estaba el despacho de Ábalos, lo que genera una contradicción en los testimonios.
El juez Ismael Moreno lo citó a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que sospecha que Gómez y otros investigados podrían haber ejercido presiones sobre los responsables de los contratos de suministro de mascarillas.
La “comisión interministerial”
Una de las acusaciones populares, representada por Vox, puso el foco en la “comisión interministerial” que incluía a los ministerios de Transportes, Sanidad, Interior y Defensa, como el órgano que tomaba las decisiones sobre los contratos. Sin embargo, las actas de esas reuniones no han sido encontradas, lo que podría tener consecuencias legales, según Vox.
