Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, por su presunta implicación en la trama Ábalos-Koldo. La denuncia se refiere a su gestión como presidenta del Govern Balear, señalando que Armengol habría incurrido en seis delitos: prevaricación, malversación de fondos, fraude, tráfico de influencias, falsedad documental y falso testimonio.
Contratos irregulares en plena pandemia
El partido liderado por Santiago Abascal basa su denuncia en un contrato público de 2020 entre el Instituto Balear de la Salud (IBSALUD) y la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L., que según Vox se realizó de manera irregular. El valor del contrato ascendió a 3.701.500 euros y, a juicio de la formación, carece de justificación, ni siquiera por la urgencia de la pandemia. Vox alega que el contrato se efectuó de forma deficiente, irregular e injustificada, vulnerando la normativa.
En el escrito presentado al Tribunal Supremo, Vox recalca que todas las contrataciones del Servicio de Salud de Islas Baleares durante ese periodo «contaban con el conocimiento y autorización de la querellada Sra. Armengol», debido a la importancia de dichas contrataciones y a la flexibilidad permitida por la emergencia sanitaria. Como máxima autoridad del Gobierno Balear, Armengol debía tener conocimiento de estas gestiones, señala la formación.
Relación con Ábalos y conexión con Koldo García
La denuncia también incluye a Koldo García Izaguirre, Iñigo Rotaetxe y Juan Carlos Cueto como parte de la trama. El escrito alega que Armengol facilitó el contacto entre la empresa Soluciones de Gestión y Patricia Gómez, quien entonces era la consejera de Salud de Baleares, cinco días después de que se emitiera un certificado de conformidad a la empresa. Según Vox, esto sugiere la intervención directa del entonces Ministro de Transporte, José Luis Ábalos, además de la «íntima relación» entre Koldo García y Armengol, reflejando una conexión entre los actores involucrados.
Solicitud de diligencias
Para avanzar con la investigación, Vox ha solicitado al Tribunal Supremo que se practiquen tres diligencias: el interrogatorio de los cuatro querellados, la comparecencia de testigos clave como Manuel Palomino (director de Gestión y Presupuestos del IBSALUD), Antonio Mascaró (exsubdirector de Compras y Logística) y Patricia Gómez (exconsejera de Salud), así como la entrega de documentos relevantes que respalden las acusaciones de la formación.
Vox insiste en que durante la pandemia se realizaron compras de materiales defectuosos que no cumplieron con los criterios técnicos mínimos, lo que refuerza la acusación de irregularidades en la gestión de Armengol y su administración.
