El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece dar un giro inesperado. En un intento por demostrar su inocencia en el delito de intrusismo, la propia Gómez ha presentado pruebas ante el juez que, lejos de exculparla, refuerzan las sospechas de que utilizó a una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para gestionar sus intereses laborales.
Las pruebas: un autogol judicial
Los correos electrónicos aportados por la defensa de Gómez muestran que Cristina Álvarez, quien trabajaba como asesora en Moncloa, no solo estaba al tanto de los detalles de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, sino que gestionaba activamente asuntos relacionados con la misma.
Entre las comunicaciones destaca un mensaje donde la gerencia de la UCM ordena a Gómez firmar el «pliego de prescripciones técnicas», considerado clave en la acusación de intrusismo. Lo más llamativo resulta ser que Gómez presentó estos correos incriminatorios. En un giro irónico, su defensa entregó pruebas que confirman las irregularidades que le atribuyen.
Cristina Álvarez: la «asesora todoterreno»
En los correos aportados, Álvarez figura como destinataria principal de mensajes clave relacionados con la gestión de la cátedra. Desde la oficina de gestión de patentes de la UCM se enviaron contratos de cesión de derechos directamente a su bandeja de entrada, iniciando los mensajes con «Estimada Cristina». Incluso en otro correo, Álvarez intercedió ante Reale Seguros para que no retirara su patrocinio de la cátedra, expresando que a Gómez «le encantaría» continuar con el apoyo.
¿El problema? La función de Álvarez en Moncloa no contemplaba gestionar los negocios privados de la esposa del presidente, lo que abre la puerta a sospechas de uso indebido de recursos públicos.
La política del “hazlo tú mismo”
Con este insólito movimiento, Gómez parece haber puesto en bandeja argumentos a la acusación. Si el correo institucional de Moncloa aparece ligado a sus asuntos personales y esto lo prueban documentos presentados por su propia defensa, la pregunta que queda es: ¿estamos ante un error de estrategia o un caso de arrogancia judicial?
La oposición no ha tardado en reaccionar, calificando este episodio como un «auténtico autogol judicial» y señalando la necesidad de investigar hasta dónde llega el uso de recursos del Estado para fines privados. Por ahora, el caso sigue en manos del juez, con unas pruebas que, irónicamente, podrían ser la sentencia anticipada para Gómez.
