El Ministerio de Trabajo ha lanzado un conjunto de medidas que garantizarán la protección laboral para quienes no puedan trabajar a causa de la DANA. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que en los próximos días se aprobarán disposiciones legales para amparar a los trabajadores que, por las condiciones climáticas, no puedan acudir a sus puestos. Este nuevo «escudo social» busca preservar tanto los salarios como la estabilidad del empleo en las zonas afectadas.
Las medidas incluyen permisos retribuidos no recuperables, que evitarán la pérdida de salario y la interrupción de las cotizaciones a la Seguridad Social. Díaz ha asegurado que la normativa abarcará tanto los municipios más impactados como otras áreas donde los desplazamientos sean inviables o peligrosos. Además, se impedirá que las empresas despidan a empleados que falten o lleguen tarde a causa de las inclemencias.
Prioridad para el teletrabajo y cobertura ante ausencias
Para aquellos trabajadores que puedan desempeñar sus funciones a distancia, el teletrabajo será prioritario. En casos donde la falta de medios técnicos impida esta modalidad, se recomienda evitar los desplazamientos para no sobrecargar las infraestructuras de transporte y garantizar la seguridad personal.
Se especifican cuatro situaciones donde se otorgará el permiso retribuido: cuando la seguridad del trabajador esté en riesgo; en casos de atención a familiares desaparecidos o fallecidos; si el trabajador ha perdido su vivienda o enseres; y cuando deba encargarse de familiares por el cierre de colegios o servicios públicos. Además, el Ministerio de Trabajo reforzará la inspección para proteger a los trabajadores en las áreas afectadas.
Activación de ERTE y apoyo a las empresas
Díaz ha recordado que los ERTE por Fuerza Mayor están disponibles para las empresas desde la reforma laboral de 2022. En situaciones de emergencia, las empresas pueden acogerse a estos expedientes sin que los empleados pierdan sus prestaciones de desempleo. Esta medida incluye la obligación de las empresas de mantener los puestos de trabajo durante la duración del ERTE.
