En septiembre de 2020, Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, se comprometió a exhumar y dignificar la fosa de Moncada y Reixach. Esta fosa alberga los restos de cerca de 700 personas asesinadas por el bando republicano durante la Guerra Civil Española. La presión de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces impulsó esta promesa. Sin embargo, el Govern ha tardado cuatro años en cumplirla, y solo después de una querella judicial. El Departamento de Justicia ha publicado un informe técnico que identifica a 164 personas enterradas en la fosa. A pesar de este avance, el retraso y el silencio institucional hacia estas víctimas ha levantado críticas.
Retrasos y falta de interés
El informe, realizado en 2023 por el profesor Oriol Dueñas de la Universidad de Barcelona, ha permitido identificar no solo a 164 víctimas, sino también a 455 personas exhumadas entre la Guerra Civil y la posguerra. Además, el estudio reveló que las autoridades franquistas trasladaron a siete de estas víctimas al Valle de los Caídos, actualmente llamado Cuelgamuros. Aunque estos hallazgos son relevantes, muchos se preguntan por qué la Generalitat ha tardado tanto en realizar este estudio. Mientras que el Govern ha dedicado recursos a las víctimas del bando franquista, las víctimas de la violencia republicana han quedado relegadas en segundo plano.
El cementerio de Moncada y Reixach alberga la fosa más grande de Cataluña con represaliados del bando republicano. Las patrullas de la CNT-FAI ejecutaron a muchas de estas personas, acusadas de ser afines al alzamiento militar. En los años cuarenta, las autoridades franquistas exhumaron unos 1.200 cadáveres de la fosa, pero unos 700 no fueron identificados y los reinhumaron en la misma fosa común. Este hecho ha permanecido casi intacto hasta hoy.
Las víctimas de la violencia republicana: olvidadas por conveniencia
La Generalitat, que ha mostrado gran interés por las víctimas del franquismo, ha sido mucho más lenta en reconocer a las víctimas del bando republicano. Esta diferencia en el trato parece tener una motivación política. El relato oficial del Govern tiende a glorificar la resistencia republicana mientras minimiza o ignora los abusos cometidos por ese mismo bando. Las víctimas de Moncada, la mayoría ejecutadas por patrullas de la CNT-FAI, no encajan en esa narrativa, y han sido dejadas de lado hasta que la presión judicial obligó a actuar.
Sor Apolonia del Santísimo Sacramento es uno de los muchos ejemplos de personas que sufrieron torturas en las checas de Barcelona antes de ser asesinadas. Estos crímenes, tan atroces como los cometidos por el bando franquista, han recibido mucho menos reconocimiento por parte de las autoridades catalanas.
Un compromiso institucional tardío
El informe del Departamento de Justicia pretende dignificar la memoria de las víctimas, pero la demora en su realización ha empañado la iniciativa. Según el director de Memoria Democrática, Xavier Menéndez, el estudio de la fosa de Moncada y su señalización como lugar de memoria histórica forma parte de un «compromiso institucional». Sin embargo, muchos cuestionan por qué ese compromiso no ha alcanzado antes a las víctimas del bando republicano.
La Generalitat ha comenzado a colaborar con el Ayuntamiento de Moncada para señalizar la fosa y convertirla en un espacio de memoria histórica. Sin embargo, este gesto llega tarde para las familias de las víctimas, muchas de las cuales han fallecido sin ver reparado el daño causado a sus seres queridos.
La dignificación de las víctimas de la violencia republicana no puede esperar más
La Asociación Raíces, promotora de esta iniciativa, ha celebrado el avance. No obstante, su secretario, Guillermo Rocafort, ha asegurado que seguirán vigilando el progreso para evitar más retrasos en el reconocimiento de estas víctimas. Al mismo tiempo, otras fosas comunes, como la de El Espinar en Segovia, siguen sin ser reconocidas como lugares de memoria, lo que deja en evidencia un problema de parcialidad en la justicia histórica.
La dignificación de las víctimas de la violencia republicana no puede esperar más. El reconocimiento de todas las víctimas, independientemente de su bando, es un deber moral que la Generalitat ha tardado demasiado en cumplir.
